Aragón envía a la Fiscalía la compra de las 10.000 mascarillas defectuosas para reclamar 25.000 euros a la empresa
Carmen Susín critica la "inacción" del anterior Gobierno socialista por no pleitear en los tribunales. La DGA gastó 82 millones en material sanitario en la pandemia y solo un pedido tuvo reparo legal.
El caso de las 10.000 mascarillas defectuosas que el Gobierno de Aragón adquirió en abril de 2020, en lo momentos más duros de la pandemia, va a llegar a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades penales y civiles de un posible delito de estafa y la empresa del Grupo Santacatalina devuelva los 25.382 euros que se pagaron por ellas. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) las adquirió como si se tratara de FFP2 y FFP3, aunque al final resultó que no reunían los requisitos para tener este nivel de protección y no pudieron distribuirse entre el personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad dependientes del IASS.
La consejera de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, Carmen Susín, ha explicado este martes que de esta forma se "completa" el proceso abierto por el anterior Ejecutivo, liderado por el socialista Javier Lambán, que en agosto de 2020 se puso en contacto con la firma proveedora, Escrow & Trust Europe Foundation con sede en Ámsterdam, y le reclamó extrajudicialmente el reintegro.
Aunque ha asegurado que el "objetivo" de esta iniciativa no es ir contra el anterior cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR, sí ha criticado su "inacción" y "dejación de funciones" por no abrir un procedimiento judicial como le había advertido en ese requerimiento de agosto de 2020. Ha insistido en que la "obligación" de una administración ante la "estafa de un dinero público" es trabajar por su devolución.
Durante la crisis de la covid, la DGA destinó 82 millones de euros a la adquisición de material sanitario de protección y el único reparo de legalidad, según se desprende del informe especial de la Cámara de Cuentas sobre el impacto de la pandemia en las cuentas autonómicas de 2020 y 2021, se limitó a una partida de guantes y mascarillas que se recibió sin factura y cuyo importe ascendía a 244.570 euros. Los 10.000 cubrebocas motivo de este litigo formaban parte de esta remesa.
De ese montante de 244.570 euros desglosados en dos facturas, el importe facturado al IASS por el material que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros. De esta cantidad, se resta el importe de 16.118 euros incluidos en la segunda factura como saldo favorable, pendiente de abonarse a favor de la compañía y que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no ingresó una vez que certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas.
Susín ha subrayado que se abonó por cada una 4,15 euros, como si se tratara de mascarillas de uso médico de mayor calidad, frente a los 0,75 euros por cada "unidad de tres capas", lo que supone una cantidad 5,53 veces superior.
A juicio de la consejera, la clave de esta presunta estafa se encuentra en una factura en inglés emitida por la empresa del Grupo Santacalina para el departamento de aduanas. Este documento era necesario al tratarse de una transacción internacional y en él se indica "claramente" que las mascarillas no son de uso médico.
Esta documentación fue remitido a la DGA con posterioridad al pago y de ello, ha asegurado Susín, podría concluirse que "el suministrador tenía conocimiento de que este material no era apto para el propósito para el que se había encargado".
Además, ha añadido que en la carta de reclamación de agosto de 2020 del entonces Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales (hoy de Bienestar Social y Familia) también consta que el producto iba acompañado de un "certificado simulado" que "falseaba" su naturaleza y su "verdadera efectividad" como epi (equipo de protección individual). Y ha recordado que el empresario Emilio Santacatalina ya fue denunciado por el Gobierno de Canarias por una presunta estafa con la venta de vacunas.
Susín ha rechazado que haya algún tipo de intencionalidad política en la coincidencia del anuncio de la denuncia ante la Fiscalía con la constitución este mismo martes en el Congreso de su comisión de investigación sobre la venta material sanitario.
Desde el PSOE han valorado que el Gobierno está "en su derecho de hacer lo que considere". "La realidad es que están intentando trasladar una mancha en la gestión de la pandemia y no pueden. Esta situación se ha aclarado por activa y por pasiva, también en la Cámara de Cuentas, incluso en sede parlamentaria", han concluido.
