¿Qué fue de las mascarillas defectuosas que compró el Gobierno de Aragón en 2020?
El Ejecutivo aragonés todavía conserva parte de los cubrebocas, que forman parte de un contrato de 244.570 euros que fue cuestionado por la Cámara de Cuentas. El dinero que nunca se reclamó.
El Gobierno de Aragón no compró mascarillas a Koldo García, el controvertido asesor del exministro José Luis Ábalos, pero en aquellos años tuvo su propia polémica a propósito de la adquisición de este medio de protección contra la pandemia de la covid. En 2020, cuando gobernaba el cuatripartito PSOE-CHA-PAR-Podemos, se compró material de protección por 244.570 euros que en parte resultó defectuoso y que generó reparos de la Intervención y de la Cámara de Cuentas en un informe de 2022 al recepcionarse la remesa sin la correspondiente factura.
La discusión política que se generó fue notable, con duras críticas del PP al Gobierno del PSOE de la época. La oposición consideró aquello "un escándalo" por los problemas que se produjeron en la tramitación. Durante meses estuvo preguntando al Ejecutivo sin obtener una respuesta concluyente. Pero ¿qué fue de esas mascarillas destinadas a los usuarios de la residencias de mayores? ¿Se reclamó el dinero al proveedor, la compañía con sede en Amsterdam Escrown & Trust Europe Foundation?
Ni una cosa ni la otra. Fuentes consultadas señalan que no hubo reclamación económica al proveedor ni se devolvió el material defectuoso. La mayor parte de las mascarillas siguen almacenadas en las dependencias de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, sede actual del Departamento de Bienestar Social y Familia, donde continúan acumulando polvo a la espera de que se decida qué hacer con ellas.
Fuentes del Ejecutivo indican que se está analizando la documentación de este caso. "Si llega el momento de tomar alguna decisión sobre la documentación, o su almacenamiento, destrucción o lo que fuese, lo comunicaremos", indicaron fuentes oficiales.
Según certificó la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización del año 2022, existieron irregularidades en la gestión de este contrato, que se formalizó el 2 de abril de 2020, en pleno confinamiento y cuando apenas había medios de protección frente a la pandemia.
En concreto, hubo un primer gasto de 154.170 euros, del que no existe constatación por parte de la administración de la recepción de conformidad. "Solo consta estampada en esta factura una firma ilegible y sin identificación del firmante y un sello de la Dirección General de Salud Pública", dice el informe.
La Cámara recuerda que hubo una segunda factura de 106.517 euros y reclamó 16.118 euros sobre la cantidad anticipada, que no se llegó a pagar. "Tampoco existe en este caso una constatación formal de conformidad de la Administración de los conceptos que son objeto de facturación", decía aquel informe.
Pese a las irregularidades detectadas en la tramitación, la Cámara de Cuentas también advirtió que quedó "constatada" la llegada del material en el despacho de mercancías de la aduana de Zaragoza, "en la que figura la fecha de entrada, nº vuelo, nº de bultos, peso y volumen, entre otros extremos".
Cuando el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) inició el procedimiento de la imputación presupuestaria, la Intervención delegada en el citado organismo emitió informe desfavorable con el argumento de que "no se han presentado las facturas de la empresa justificativas del pago". Pese al reparo, previa convalidación del Gobierno, aceptó el gasto de la cantidad anticipada.
De todo el material recibido, hubo 10.000 mascarillas de uso médico que tenían una calidad inferior a la exigida en el contrato con un coste de 41.500 euros, que una vez deducidos los 16.118 euros que no se pagaron suponen una diferencia de 25.382 euros. Hubo 70.000 mascarillas de tres capas por valor de 52.920 euros y un millón de guantes de vinilo que costaron 72.200 que sí eran de la calidad correcta.
Según consta en las alegaciones presentadas por el IASS, se quisieron buscar "soluciones con el proveedor" y se intentó "en reiteradísimas ocasiones" llegar a un acuerdo con el encargo "defectuoso" y reelaborar la factura. Pero esa salida al final "resultó ser imposible".
La Cámara de Cuentas ya recordó en 2022 que el Gobierno de Aragón nunca reclamó la cantidad a Escrown & Trust Europe Foundation, que hoy no tiene ni una página web. Tampoco se devolvió el material defectuoso ni se llegó a destruir ni hubo gestiones con posterioridad para recuperar el dinero. Ahora, el Ejecutivo está analizando jurídicamente qué hacer.
