Rosa Santos: "La jornada de 37,5 horas afectaría al PIB y reduciría aún más la productividad"

¿Qué efectos tendría la jornada semanal de 37 horas y media? 
Impactaría al 95% de los convenios, lo que exige hacer un ajuste fino para no afectar a toda la negociación colectiva. Hay que hacer una transición que no ponga patas arriba la vida de las empresas, la productividad y el PIB.

¿Cómo se adaptarían? Pagando horas extras, contratando…
Vamos a hablar siempre de jornada anual, nunca de jornada semanal, así las empresas pueden utilizar la distribución irregular de la jornada, reduciéndola normalmente en los meses de verano, o efectivamente acudiendo a horas extras o a contrataciones. 

Con ese enfoque anual, ¿no se pierde el objetivo del Gobierno de mejorar la conciliación y fomentar el ocio personal? 
Hacerlo en términos semanales sería imposible. Además, la jornada no puede responder a cuestiones tan poco serias como disfrutar de más ocio. Y una cosa es la jornada en términos anuales o semanales, que es una aproximación, y otra las horas efectivas, que están muy por debajo de las 37 horas y media, porque ahí entran permisos, bajas... Y dentro del tiempo de trabajo hay que tener en cuenta factores como las horas extras, la distribución de la jornada, el absentismo o la productividad.

En el centro de ese debate vuelve a aparecer la productividad, ¿cómo ha evolucionado?
En España está bastante por debajo de la media de los países del entorno, y en los últimos años está peor. Cuando sube el empleo, es una tradición en España, baja la productividad y eso no puede ser. La reducción de jornada afectaría bastante al PIB y reduciría aún más la productividad.

¿Qué opciones hay de acuerdo?
La forma en que se puso sobre la mesa el debate no ha sido la adecuada. Si se pretende modificar la jornada, debe hacerse por negociación colectiva. Lo normal hubiera sido llevarlo a la mesa tripartita y trabajarlo. Pero una negociación en la que ya te marcan los plazos y el final no es una negociación. Estamos buscando puntos de equilibrio con los sindicatos. No queremos hablar de jornada solamente, hay que hablar de tiempo de trabajo y de muchos otros temas. 

Con el actual gobierno ha mantenido una relación de amor-odio, con importantes acuerdos y desencuentros. En la situación política actual, ¿mantienen una buena interlocución? 
La relación ha sido de lealtad institucional, como lo sería con cualquier gobierno. Hemos alcanzado grandes acuerdos de país en momentos muy importantes como la pandemia, con los ERTE, y también con los fondos europeos o la reforma laboral. En otros asuntos no hemos podido alcanzar acuerdos porque los intereses de unos y otros estaban muy distantes. Ni amor ni odio: puro realismo.

Pactaron algunas subidas del SMI pero no la última. ¿Qué efecto ha tenido el incremento del 50% de este indicador en pocos años?
Esta subida tan grande ha provocado que algunos sectores empeoren su situación, como la agricultura o aquellos que trabajan con adjudicaciones de la administración pública y no pueden repercutir los precios en las licitaciones. Ese achicamiento de los márgenes, en algunos casos incluso llegando a pérdidas, perjudica directamente al empleo. También se está viendo que fomenta la economía irregular en el empleo doméstico. 

También pactaron la reforma laboral. ¿Qué balance hace y qué cambiaría de aquel texto? 
Uno de cada dos contratos que se hacen en España ahora son indefinidos, y esa estabilidad contribuye al bienestar personal, a la seguridad, a fomentar los planes personales, y en el ámbito de la empresa, para poder formar a la gente. También buscamos mejorar la calidad en el empleo con la reforma de la contratación y el fortalecimiento de la negociación colectiva para ganar calidad en el empleo. Otro objetivo que teníamos era tener mayor flexibilidad para las empresas, a través de herramientas que habíamos entrenado en la pandemia y que se incluyeron en el estatuto, que está funcionando bien. 

El PNV plantea que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los nacionales. ¿Qué supondría?
Es un desastre. Para empezar, porque modifica toda la estructura de gobierno de la negociación colectiva a través de un pacto de investidura, algo que no cumple la normativa y que se debería tratar en el diálogo social. Pero además va a tener un impacto enorme porque cualquier convenio provincial o autonómico va a decidir prácticamente las reglas más importantes de las condiciones laborales de todo el país. Es un gran retroceso.

¿Ve factible que el Gobierno favorezca el retorno de las empresas que salieron de Cataluña por el ‘procés’?
Ese movimiento es imposible si no es con un clima social adecuado. El derecho a la libertad de empresa está escrito en la Constitución y es imposible que las empresas vuelvan a Cataluña si no encuentran un territorio con seguridad jurídica y certidumbre. Ya estamos viendo cómo la incertidumbre política y económica está lastrando la inversión extranjera. Ha caído de forma estrepitosa en el año 2023.