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La letrada mayor de las Cortes de Aragón plantea tres altos cargos que cobrarían más de 110.000 €

La propuesta se aplaza sine díe tras cosechar el rechazo de la Junta de Personal y de la mitad de los juristas de la institución y carecer del consenso político en la Mesa

La Mesa de las Cortes, este miercoles, con la letrada mayor, Carmen Rubio, sentada abajo a la derecha.
La Mesa de las Cortes, este miércoles, con la letrada mayor, Carmen Rubio, sentada abajo a la derecha.
Cortes de Aragón

La letrada mayor de las Cortes de Aragón, Carmen Rubio, ha planteado la creación de tres altos cargos que pasarían a cobrar más de 110.000 euros al año. Sin embargo, se ha aplazado sine díe tras haber cosechado el rechazo de la Junta de Personal y de la mitad de los juristas de la institución, además de carecer del necesario consenso político en la Mesa.

Los nuevos puestos de director planteados se denominan Gestión Parlamentaria y Coordinación Administrativa y Estudios e Innovación, dado que el tercero beneficiaría a la Intervención, ascendida al mismo rango. Todos ellos forman parte de la propuesta de modificación del reglamento de organización de las Cortes, presentada el pasado mes de diciembre y que ha soliviantado a la plantilla y al grupo parlamentario socialista.

Los dos primeros estaban pensados para dos de los seis juristas de la Cámara, el exconcejal socialista Jerónimo Blasco y el ex letrado mayor José Tudela, mientras que la beneficiaria del tercero sería la interventora, María Dolores Llop.

La mejora salarial podría superar los 10.000 euros en algún caso y, en función de la definición del puesto que no se ha dado a conocer, suponer el mantenimiento en sus cargos y evitar así su jubilación. En el caso de Blasco, ha cumplido los 67 años y este año deberá solicitar la prórroga, al igual que Llop. Esta posibilidad parece complicada habida cuenta de una reciente sentencia que rechazaba su concesión a la ya jubilada jefa de Documentación y Biblioteca.

Sin esperar a que el órgano de gobierno de la institución llegara a debatir la propuesta, la letrada mayor se la remitió a los miembros de la Junta de Personal y la abordó en una reunión en la que también participaron los delegados sindicales. En todo momento se relacionó con la cobertura de las placas vacantes, reivindicada ante las elevadas cargas de trabajo que sufre la plantilla, pero no surtió efecto.

Varias fuentes parlamentarias indican a HERALDO que la letrada mayor, con el respaldo de la presidenta, Marta Fernández (Vox), volvió a la carga en una segunda reunión con los trabajadores a principios de febrero y recibió la misma reprimenda. "Se le trasladó que primero debería aprobar la Mesa el nuevo reglamento de organización porque solo a sus miembros les corresponde y negociar después con la Junta de Personal la relación de puestos de trabajo que emane de dicho reglamento", han añadido.

Lejos de desistir, en la mesa de negociación del pasado martes se presentó un documento de puestos a incluir en una próxima oferta de empleo público, en el que se incluían los dos puestos de director y de un jefe de servicio de documentación asociado a la nueva organización, entre los 30 puestos a cubrir. Hasta los dos vicepresidentes de las Cortes, el popular Ramón Celma y la socialista Elisa Sancho, dieron la razón a la Junta de Personal sobre la imposibilidad de negociar plazas que ni siquiera existen y dependen de un reglamento aún por debatir.

No se queda ahí la cosa, ya que la letrada mayor tiene enfrente a la mitad de sus compañeros de los servicios jurídicos. En un contundente informe de diez folios, consideran "excesivo" la creación de la tres direcciones en una administración de las dimensiones de las Cortes, con una plantilla de cien personas. Además, advierten de una indefinición "de consecuencias jurídicas inciertas" porque se les sitúa en igualdad con la letrada mayor y por encima de los servicios "y al margen de las competencias de Presidencia y Mesa".

PP y Vox tienen la mayoría en el órgano de gobierno de la institución y han dejado muy claro este miércoles que cualquier propuesta deberá contar con la "unanimidad", según insisten fuentes oficiales de la Presidencia. En la misma línea, Celma ha apuntado que ha de contar con el consenso "de todas las partes y tener en cuenta criterios económicos y de eficiencia". Mientras, Elisa Sancho ha lamentado que todo el proceso se haya hecho "al revés", ha defendido el trabajo de los jefes de servicio y ha subrayado que lo que se requiere es "más personal para sacar el trabajo en mejores condiciones" y no figuras de altos cargos que "no les quitaría trabajo a una plantilla sobrecargada".

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