Nolasco (Vox) crea 42 puestos en el Gobierno de Aragón y dispara el coste de plantilla en 2,1 millones
Desarrollo Territorial asegura que le falta personal, mientras Hacienda avisa del "riesgo adicional" para la sostenibilidad de las cuentas y CC. OO. y UGT critican la creación de más jefaturas.
El vicepresidente primero, Alejandro Nolasco (Vox), ha decidido reforzar la plantilla de su Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia con la creación de 42 puestos cuya cobertura implicará un desembolso adicional de más de 2,1 millones de euros. La nueva estructura se destina fundamentalmente a jefaturas, justificada en la falta de personal y en la búsqueda de la "máxima eficacia" para desarrollar proyectos contra la despoblación. Y aún tiene colchón presupuestario para gastar hasta 2,5 millones para desarrollar una medida que califican de "coherente y proporcional".
Fuentes oficiales del Departamento recuerdan que la Dirección General de Despoblación no existía y carece de plantilla para gestionar los 23 millones con los que cuenta de forma directa. De ahí que se lleve el grueso de los nuevos puestos, 28 de los 42 aprobados por Hacienda, con un coste de 1,4 millones. Y lo comparan con los 24 funcionarios heredados de la Dirección General de Desarrollo Territorial para ejecutar 7 millones, aunque ahora se reforzarán con 11 empleados públicos más.
Justo la mitad de los nuevos puestos se destinan a jefaturas y, con ello, el grueso de la cuantía económica. Solo los tres subdirectores provinciales de cada una de las dos direcciones generales cobrarán 66.725 euros, pero a ellos se deben sumar en Despoblación dos jefes de servicio, un asesor con su mismo nivel, cuatro jefes de sección y otro asesor de idéntico nivel y seis jefes de negociado. A ellos se sumarán la secretaría del director general, cinco administrativos y dos auxiliares y, como personal técnico, un arquitecto, un ingeniero de caminos y un graduado en ciencias ambientales. "Redundará en positivo para el medio rural aragonés", han asegurado las citadas fuentes oficiales.
Aunque Desarrollo Territorial ya tenía estructura, Nolasco la refuerza con el fin de constituir una "administración periférica" dependiente de la dirección general. Esto conlleva los tres citados subdirectores provinciales, tres jefes de negociados más y otros tantos administrativos, además de un arquitecto y un geógrafo. Solo pagar sus nóminas, en el momento que se incorporen, tendrá un impacto adicional de 553.992 euros al año, un 8% de la cuantía total a gestionar.
La ampliación de plantilla se completa en Justicia con un analista informático para ciberseguridad, un trabajador social y un auxiliar administrativo, que supondrán un desembolso de 132.5356 euros. Y a todo ello se suman siete funcionarios que subirán de nivel en esta dirección general y en la de Desarrollo Territorial, con un coste extra de 17.759 euros.
Desde la Consejería han añadido que en Justicia solo están cubiertas una tercera parte de las plazas, lo que conlleva un sobreesfuerzo por parte de la plantilla. Además, han apuntado que trabajan en la creación de nuevos juzgados, lo que deberá ir acompañado de mayor personal.
Su decisión ha recibido una clara advertencia del director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, en su informe complementario sobre el impacto de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT). Allí concluye que el incremento del gasto de personal puede suponer un "riesgo adicional para la sostenibilidad de las cuentas públicas", en la línea de la Autoridad Fiscal (Airef). Y lo sustenta con el argumento de que se deberán adoptar "criterios de prudencia" en actuaciones que deriven mayor gasto estructural "en ejercicios futuros".
Mientras, los sindicatos censuran la "nueva tanda" de creación de puestos de jefatura en el Pignatelli, de la que les dio cuenta el nuevo director general de Función Pública, Antonio Villacampa, en la mesa de negociación celebrada este lunes. El secretario general de CC. OO. en la DGA, Francisco González, considera que la estructura creada en la Consejería de Vox es "burocrática", de tipo jurídico-administrativa y duda de que pueda servir para combatir la despoblación. "Si quieren crear una estrategia, deberían dotarse de personal técnico y no de jefes", asevera.
González ha señalado que la reunión con Villacampa se centró, casi en exclusiva, a "tramitar, que no negociar", modificaciones de relaciones de puestos de trabajo solicitadas por los departamentos. En total, se aprobaron más de 30 jefaturas a base de amortizar puestos base, lo que augura que supondrá que el trabajo se "atasque" por falta de personal en la mayor parte de los centros de trabajo de la DGA.
En la misma línea, UGT ha censurado la creación de jefaturas y asesorías y la subida de niveles con la citada amortización de puestos bases «para sacar el dinero». En una nota, asegura que si se hiciera una valoración de los puestos de trabajo se evitarían modificaciones «a dedo», subidas de sueldo «personalizadas» y cambios de ubicación «a la carta».
Función Pública se va a un edificio de oficina
En la reunión con los sindicatos, Antonio Villacampa también dio cuenta del inminente traslado de los funcionarios de Función Pública, que dejarán el Pignatelli para ocupar como inquilinos tres plantas del edificio de oficinas de César Augusto, 14, junto a la Comandancia de la Guardia Civil.
La operación comenzará en 15 días y se alargará hasta el verano, dado que una de las plantas aún se tiene que acondicionar, Irán unos 90 funcionarios, dado que a los de Función Pública se unirán los del Instituto Aragonés de Administración Pública. Solo se quedarán los del servicio de Gestión de Personal ante el volumen y peso de los expedientes en papel. Para CC. 00. y UGT se trata de una "huida", justificada por la DGA en la necesidad de que la dirección general gane en tranquilidad y se esponje el Pignatelli ante las inminentes obras de mejora.
