Ribera convoca al sector de las renovables en marzo para regular su expansión

El grupo de trabajo anunciado por el Gobierno central para “ordenar” el despliegue de las energías renovables se pondrá en marcha el próximo mes de marzo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado este lunes que se llevarán a cabo nueve sesiones con todos los actores implicados que debatirán, entre otros aspectos, una adecuada redistribución de los beneficios también para el territorio, tal y como viene demandando Aragón en los últimos años.

Ribera ha recibido de manos de Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), la denominada ‘Hoja de ruta de las renovables con el territorio’, un documento que refleja el trabajo realizado en los últimos meses para articular una solución consensuada entre las partes en el proceso de despliegue de este tipo de energía por el país.

Ambas protagonistas han coincidido en la necesidad de acelerar la transición energética hacia fuentes renovables, con más motivo desde la invasión rusa de Ucrania, pero han apostado por hacerlo de la mano de las comunidades locales que se están viendo afectadas por la instalación de placas solares y molinos de viento.

“Cabe poca duda sobre la necesidad de transformar el sistema energético”, ha defendido la ministra, que ha añadido, no obstante, que “también cabe poca duda sobre la importancia de ir de la mano con el territorio, donde se suscitan dudas sobre cómo y dónde se hace”.

Ribera ha defendido el acelerado proceso de conversión tras quedar patente la “dependencia” de Europa del gas ruso, aunque ha defendido que España fue el único país que se opuso a que ese proceso se hiciera “por encima de cualquier otra circunstancia”, en referencia a la flexibilización de los permisos ambientales. No obstante, el Gobierno central accedió a finales de 2022 a eximir de declaración de impacto a los nuevos proyectos siempre que no se ubicaran en zonas protegidas.

La ministra considera que las plantas de energía renovables proyectadas en zonas antropizadas, aquellas ya ocupadas por el ser humano, como polígonos o ciudades, “están muy bien, pero no son suficientes”, por lo que “hacen falta instalaciones de mayor tamaño”.

Es ahí donde los promotores buscan grande extensiones de terreno que, como en Aragón, abunden las horas de sol y las de viento. Para tratar de llevar a cabo este proceso sin afectar al interés ambiental, social y económico de las comarcas donde se asientan, Ribera ha convocado a todos los implicados a unas jornadas de trabajo que deberán marcar la pauta de la nueva regulación.

La ministra reconoce que hay “muchos problemas”, pero aún así cree que “es mejor que sacar carbón, inundar valles o tener chimeneas por las que salen gases contaminantes”. “Las renovables no son una solución inocua, pero es la que menos impacto tiene”, ha reafirmado.

Para definir este proceso ha pedido la implicación de todas las administraciones -Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos-, pero también de las empresas que están liderando el despliegue de plantas solares y eólicas por el país. Además, ha apostar por reforzar los equipos del Ministerio, aunque ha reconocido que “falta formación”, lo que sumado a “años de tasa de reposición reducida” se traduce en que “no hay funcionarios para estos puestos”.

Por su parte, Leire Pajín ha advertido de que “no se puede cambiar toda la matriz energética sin tener en cuenta que eso va a tener un impacto en el territorio”. Pero ha reivindicado que “las personas, los sectores económicos, los ayuntamientos y la sociedad civil conocen bien cuáles son las potencialidades de su territorio, cuál es su riqueza paisajística, y mejor que nadie saben cómo se debe para integrar a todo el mundo, que sea justo socialmente, y que a ser posible genere además recursos y empleo”, ha reivindicado.

Eólica marina

Por otro lado, Ribera ha anunciado que someterá a información pública el proyecto de real decreto que regulará la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 prevé alcanzar hasta 3 GW de eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas hasta el final de la década. Con esta normativa, se impulsará y ordenará un sector hasta ahora poco productivo en materia energética.

En cambio, el Ministerio mantiene bloqueado el decreto por el cual se autorizarán plantas de placas solares flotantes sobre embalses de todo el país, hasta 14 de ellos en Aragón. El Gobierno impulsó esta medida, que fue avalada en el Consejo Nacional del Agua con el rechazo de la DGA, y se encuentra a la espera de desatascar la tramitación. Según fuentes ministeriales, se sigue avanzando año y medio después del anuncio, aunque no se aventuran a fijar una fecha aproximada para su puesta en marcha.