PP y Vox acusan al Gobierno central de “irregularidades” en el caso de la dirección de la Cartv

El conflicto laboral que ha llevado a Raquel Fuertes a renunciar al cargo de directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) ha pasado este lunes por la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón. La periodista ha reiterado que el Estado ha vulnerado sus derechos al no concederle una excedencia forzosa que le permitiera conservar su plaza en la Delegación del Gobierno mientras ejerciera sus nuevas funciones, por lo que llevará el caso a los tribunales. Todos los partidos le han transmitido su apoyo, pero el debate no ha estado exento de polémica política. PP y Vox han acusado al Ejecutivo central de las “tremendas irregularidades” que a su entender ha habido en el proceso, mientras que el PSOE ha pedido pasar página y dejar que hablen los jueces.

Fuertes ha desgranado en su intervención el proceso vivido estos últimos meses, desde su designación como directora general de la Cartv hasta su decisión de acudir a los tribunales. La periodista ha explicado que solicitó la excedencia forzosa por cargo público para conservar su plaza en la Delegación del Gobierno el día que fue publicado su nombramiento en el BOA, pero ha matizado que ya había consultado el trámite previamente por teléfono con Madrid, donde le transmitieron una respuesta afirmativa.

De ahí su sorpresa cuando recibió un informe del subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio de Política Territorial, Luis Hernández Jiménez-Casquet, en el que se le denegaba la petición. Según fuertes, el “error” se encuentra en que ella solicitó la excedencia en virtud del artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, mientras que el funcionario encargado de evaluar su caso rechaza la petición de acuerdo al artículo 95.7 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado, que limita la concesión a cargos públicos electos.

Desde el Gobierno central defendieron que su puesto podría quedar en suspenso, y por tanto mantendría el derecho a un “puesto de trabajo en el mismo grupo profesional, departamento y localidad del puesto de origen». Pero Fuertes ha recordado que solo existe una plaza como la suya, por lo que si en su ausencia es cubierta, debería someterse a un concurso o esperar a que se cree una nueva.

“No puedo estar condicionada a que el partido en el poder me cree una plaza que no se sabe ni cuándo ni cómo”, ha relatado Fuertes, que ha añadido que mantener esa independencia es “esencial” para “garantizar” un desempeño libre y objetivo al frente de la Cartv. “Era una línea roja desde el principio”, ha subrayado.

Fuertes ha remarcado en varias ocasiones que la Administración estatal sí ha concedido en el pasado la excedencia a algunos de sus predecesores. En cualquier caso, la periodista ha tendido la mano para reconducir la situación antes de que se pronuncien los jueces. “Si se me reserva el puesto, y no hablo de antigüedad que también me correspondería, con reincorporación inmediata, mañana mismo volvería”, ha planteado.

Cruce de acusaciones

Todos los partidos han mostrado su apoyo a Fuertes y le han deseado suerte en su proceso judicial. Tras la intervención de la periodista, ha llegado el turno de Antonio Suárez (PP), presidente del consejo de administración de Cartv, que ha defendido la decisión de dejar la designación en suspenso y otorgar sus funciones temporalmente a la directora de Medios y Contenidos, Ana Jimeno, hasta que se resuelva el conflicto judicial.

Para ello ha ido respaldado los argumentos planteados por Fuertes para considerar que sus derechos laborales han sido vulnerados. “Está súper claro”, ha concluido Suárez, que también ha argumentado esta medida en criterios de “eficacia”.

Para Suárez, el Gobierno central ha cometido unas “irregularidades tremendas” en este caso, y ha dejado la puerta abierta a emprender “todo tipo de acciones judiciales por daños y perjuicios” en nombre de la Cartv.

En la misma línea, la portavoz del PP en la Comisión, María Navarro, ha respaldado las tesis de Fuertes, y ha sugerido que el veto a su excedencia podría ser intencionado, en referencia a los casos del pasado en que sí se concedió. “Ojalá antes de que tenga que resolver un juez tengamos altura política para aplicar la misma vara de medir con unos y con otros, sino parecerá otra cosa”, ha advertido.

Más contundente ha sido el representante de Vox. David Arranz ha asegurado que “hay una mano negra detrás” de este caso. “Será difícil de probar, pero la hay, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere torpedear al Gobierno de Aragón PP-Vox”, ha denunciado.

En cambio, el representante del PSOE, Daniel Alastuey, ha criticado que se trate de hacer un “uso político” de un caso que considera de ámbito “personal”. El exlíder sindicalista ha transmitido a Fuertes que “ojalá” los tribunales le den la razón, pero ha dejado claro que ahora el caso está en manos del juez, y que solo él decidirá, por lo que ha rechazado el debate partidista.

Además, se ha mostrado en contra de la suspensión temporal del contrato de la periodista, por lo que ha pedido pasar página e iniciar un nuevo proceso de designación para no afectar al normal funcionamiento de la Cartv. Finalmente, Alastuey ha censurado que la derecha cuestione el informe del subdirector general que rechazó la excedencia. “Le están acusando de prevaricación, le pasaremos el acta de esta sesión para que se defienda”, ha llegado a señalar.