Media docena de municipios ponen coto a la proliferación de renovables en sus planes urbanísticos

Solo en el Alto Altaragón se han tramitado modificaciones para evitar que las placas solares puedan ocupar más de 750 hectáreas.

Protesta de los vecinos de La Fueva contra los macroparques fotovoltaicos.
Protesta de los vecinos de La Fueva contra los macroparques fotovoltaicos.
Marta Montmany

La proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos, con más de 900 proyectos en tramitación a lo largo y ancho de la Comunidad, no solo ha movilizado plataformas por su impacto sobre el territorio, sino que ha llevado a algunos ayuntamientos a blindar sus términos municipales. Hasta media docena de corporaciones locales han aprovechado sus competencias para regular y, sobre todo, poner coto a las grandes extensiones de placas solares.

Los dos últimos equipos municipales en sumarse son los de La Puebla de Castro (PSOE) y Secastilla (PP), en la Ribagorza, que de forma coordinada tramitan la modificación de sus respectivos planes generales de ordenación urbana (PGOU) para impedir que se puedan instalar plantas de más de diez hectáreas de superficie. De este modo, pretenden evitar que la compañía madrileña Ignis pueda implantar un proyecto solar de 49,9 megavatios, que requiere la ocupación de 110 hectáreas de campos de labranza en explotación.

Sus alcaldes siguen así el ejemplo de Jaca y Sabiñánigo, cuyas corporaciones consiguieron frenar el aluvión de proyectos.  Hace ahora dos años, recibieron el respaldo del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca a la suspensión cautelar de las licencias a los parques fotovoltaicos hasta la modificación de sus planes urbanísticos. De este modo, avaló la moratoria aprobada, frenando la autorización a 16 proyectos que hubieran implicado la ocupación de más de 460 hectáreas en el corredor junto a la autovía A-23. 

Los alcaldes mostraron su satisfacción al conocer el dictamen, ya que desmintió  el informe del departamento de Industria del Gobierno de Aragón, según el cual carecían de competencias en la materia. Esta advertencia hizo incluso rectificar a algunos ayuntamientos, como el de Fraga. El ex consejero, Arturo Aliaga, llegó a avisar de que la negativa a dar licencias les podía acarrear problemas legales. Nada más lejos de la realidad, ya que el mismo Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca aprobó definitivamente en abril de 2023 los condicionantes de Jaca y Sabiñánigo a la instalación de plantas solares.

El mismo camino se emprendió en La Fueva y, pese a llevarse su corporación un varapalo en los tribunales, ha logrado su objetivo de impedir la construcción de tres plantas solares que suman casi 150 megavatios y suponen la ocupación de 184 hectáreas del valle. Los promotores han perdido los permisos de acceso y conexión a los nudos de evacuación, la clave para poder lanzar la tramitación, por lo de que de poco les ha servido ganar en los tribunales, según han confirmado varias fuentes del sector energético.

Como publicó HERALDO hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló la segunda aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la que recurrió el equipo socialista para bloquear la instalación de las plantas solares. En su sentencia, consideró que el Ayuntamiento había incurrido "en un auténtico fraude de ley, violentando las normas del procedimiento para recuperar una facultad, la de suspensión de licencias, por medio de la violación de procedimientos".

Las capitales también han tomado el mismo camino de modificar sus planes generales para limitar la expansión de las renovables. El Ayuntamiento de Huesca lo hizo a mediados de 2022 con un cambio en su ordenación urbanística por el que solo permite desarrollos eólicos y solares en suelo no urbanizable de secano y en las canteras de Almudévar. De hecho, veta cualquier proyecto en suelos protegidos por sus valores naturales y en terrenos forestales y de regadío y limita, además, la superficie a ocupar.

El último en sumarse ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza, que a finales del año pasado aprobó la paralización de los proyectos de placas solares planteados en la huerta tras la aprobación inicial de la polémica modificación número 214 de su POGOU. La maniobra bloqueará “al menos tres” de los parques de la huerta de Movera, pero las dudas se mantenían respecto a los dos más avanzados, Clarita y El Perdigal, que suman 38 hectáreas.

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