IU presenta 25 enmiendas a un decreto de escolarización en Aragón "dañino" que "favorece a la concertada"

El diputado Álvaro Sanz ha criticado que no responde a la realidad demográfica de la comunidad y se va a acelerar el cierre de aulas públicas.

Álvaro Sanz, en el debate del estado de la Comunidad
Álvaro Sanz, en una de sus intervenciones en las Cortes de Aragón
José Miguel Marco

Izquierda Unida(IU) ha presentado 25 enmiendas al borrador de decreto de escolarización de 2024 y alegaciones en el marco del Consejo Escolar por considerar que tiene poca transparencia y garantías, mucha inseguridad jurídica y que en vez de mejorar la calidad y equidad de la red educativa pública tiene la vista puesta en el mantenimiento de la concertada y su posible crecimiento.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el diputado de IU, Álvaro Sanz, este lunes, día en que concluye el plazo para presentar alegaciones al borrador, quien ha pedido diálogo a la consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés.

El borrador, en opinión de Sanz, "no responde al objetivo final que debería de tener un documento de esta naturaleza", ni a la realidad demográfica, que es el "núcleo fundamental a abordar", ni a las necesidades de la red pública y la garantía del derecho fundamental a la educación. Es un decreto "dañino" que no va a asegurar el proceso de escolarización, ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que en 2022 el departamento de Educación ofertó 8.619 plazas ordinarias para el alumnado de 3 años, de las que se solicitaron 6.965, es decir, un 24 % menos de las ofertadas, lo que se repite año a año sin que se aborde y supone la pérdida de vías en los centros públicos fundamentalmente, el incremento del número de centros con una sola vía, la pérdida de recursos, falta de auxiliares de educación infantil y pérdida de la calidad en la atención educativa.

Sanz considera que esta situación se debería abordar y que con la "malentendida libertad de elección" de centro que utiliza como excusa permanente en este decreto el Gobierno de Aragón se va a acelerar el cierre de aulas y vías públicas y a garantizar el mantenimiento de la red concertada ya que, por ejemplo, se debe garantizar que hay oferta suficiente en los centros solicitados y el decreto excluye en su redacción el baremo de criterios de escolarización, lo que incrementa la inseguridad jurídica.

El portavoz de IU ha denunciado además que se incorpora al decreto el primer ciclo de educación infantil, que se debería de abordar de forma singular y ordenada para sentar las bases de una planificación real, porque teme que se pretenda "generar clientela a futuro de los centros concertados" para que puedan abrir vías y aulas para ese primer ciclo de infantil y garantizar la escolarización de un niño "de cero a bachiller".

Por ello ha criticado que este decreto esté más pensado para "satisfacer las demandas, las necesidades de permanencia y de crecimiento de la educación concertada" que las obligaciones para garantizar la compensación, el equilibrio, la atención debida a los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo o las ratios.

El decreto, ha agregado Sanz, no tiene en cuenta los condicionantes socioeconómicos, la situación de las familias ni las zonas en las que se ubican los centros educativos.

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