Estas son las funciones del Justicia de Aragón y en qué casos puede actuar
Aunque la tercera institución de la Comunidad tiene varios cometidos, los ciudadanos recurren sobre todo a ella para presentar quejas y denunciar sus problemas.
El Justicia de Aragón es una de las cuatro instituciones básicas que configuran la Comunidad Autónoma de Aragón, junto con las Cortes, el presidente y el Gobierno autonómico. Sus funciones, se detalla en su web, se pueden resumir en tres: la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto Autonomía.
El actual Justicia, a diferencia del histórico, no juzga ni dicta sentencias, sino que a través de sus resoluciones hace sugerencias a las administraciones sobre las problemáticas concretas que le presentan tanto colectivos como ciudadanos a título individual. Precisamente su figura es principalmente conocida por los aragoneses como un referente a la hora de denunciar situaciones y actuaciones de las administraciones que considera inadecuadas o injustas.
En el cumplimiento de esta competencia, el Justicia debe supervisar la actuación de las administraciones públicas (entre ellas, la propia Administración autonómica, las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos y entidades locales), bien a través de las quejas presentadas por la ciudadanía, bien en función de expedientes incoados de oficio a iniciativa propia.
A través de un informe anual que se presenta ante las Cortes de Aragón, los últimos se han entregado a la presidencia del Parlamento autonómico pero no se han tratado en la Cámara, hace públicas las actuaciones incorrectas que ha detectado y las recomendaciones para corregirlas.
De la labor que lleva a cabo el Justiciazgo dan una idea los 2.278 expedientes que tramitó durante 2023, según la memoria presentada recientemente, de los que 1.745 eran nuevos. También dictó 173 resoluciones, entre sugerencias y recordatorios de deberes legales, y , aunque no son de obligado cumplimiento, únicamente 16 fueron expresamente rechazadas por la administración. La sanidad, con las listas de espera de todo tipo (quirúrgicas, para pruebas diagnósticas y para el reconocimiento de la discapacidad), los servicios sociales y la educación copan las denuncias.
El Justicia también lleva a cabo informes especiales sobre asuntos sociales de actualidad que interesan y preocupan. Así, en 2023 publicó los relativos a las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia y la seguridad en el ámbito rural, mientras en 2022 se centró en la sanidad en el medio rural. En años anteriores se centraron en la falta de vivienda social, menores tutelados y el juego y los menores.
Oficina de la infancia y la adolescencia
El Justiciazgo cuenta desde noviembre de 2022 con una oficina de la infancia y la adolescencia. Con ello, esta entidad se ha convertido en una defensoría del menor con cinco competencias básicas: la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia; velar por el respeto de la legislación vigente en materia de protección de los niños; proponer medidas para mejorar su bienestar; promover la información de sus derechos para favorecer su cumplimiento y requerir a las administraciones el cumplimiento efectivo de los derechos.
Una de las funciones más desconocidas del Justiciazgo es la de tutelar el ordenamiento jurídico aragonés. Está orientada a evitar su inaplicación o deficiente aplicación, a la vez que incluye una necesaria labor de estudio y difusión del Derecho Aragonés, en el que constituye una parte muy relevante el Derecho Foral.
También debe controlar el respeto de los reglamentos autonómicos al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico aragonés. Finalmente, el Justicia de Aragón también se distingue por su competencia en defensa del Estatuto de Autonomía frente a las posibles infracciones de sus preceptos por parte de normas y actuaciones del Estado y de otras comunidades autónomas.
