Las discrepancias entre PP y Vox por la gestión de la crisis migratoria en Aragón han llevado a reclamar por primera vez la comisión de seguimiento del pacto de investidura que facilitó la presidencia de la DGA a Jorge Azcón. El líder nacional del socio del Ejecutivo, Santiago Abascal, ha exigido este lunes explicaciones a los populares por la decisión de acoger menores de Canarias al considerar que vulnera el acuerdo que selló la coalición de gobierno en la Comunidad. Pero, ¿qué dice exactamente el documento referente a esta cuestión?

Tras las elecciones autonómicas del 28-M, el diálogo entre PP y Vox para sellar una alianza en Aragón se dejó en suspenso para no penalizar las aspiraciones del líder nacional de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, en las generales del 23-J. Una vez conocido el resultado que permitió a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa, ambos partidos reanudaron unas largas y complicadas negociaciones que se tradujeron en la entrada de la formación de extrema derecha en el Pignatelli y en un acuerdo de gobernabilidad de 80 puntos programáticos.

En dicho acuerdo se fijan las líneas de actuación de los próximos cuatro años, en la mayoría de los casos y como es habitual en este tipo de documentos, de una forma más genérica que concreta. Sí se establecen medidas específicas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, como la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón o la “revisión” de la normativa sobre el uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad.

Aquella alianza, que firmaron Ana Alós, en su calidad entonces de portavoz del grupo parlamentario del PP antes de poner rumbo al Congreso, y Alejandro Nolasco, líder de Vox en la Comunidad, se articula en torno a diez áreas temáticas. La novena, relativa a la ‘Vivienda y lucha contra la ocupación ilegal y la inseguridad’, es la única donde ambas formaciones hacen referencia, aunque de una forma trasversal, al problema migratorio, en el que los socios mantienen importantes diferencias.

En concreto, PP y Vox acordaron lo siguiente: “Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos”.

Vox considera que la decisión de Azcón de mantener “por solidaridad” la acogida de migrantes, en especial de menores procedentes de Canarias, vulnera este acuerdo, ya que no favorece la lucha contra la inmigración ilegal y sus mafias. Nolasco advirtió hace unos días que mientras su partido siguiera en el Pignatelli no permitiría la entrada de más personas en situación irregular, lo que obligó al presidente de la Comunidad a desautorizarle garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Gobierno central en esta materia.

Este lunes, Abascal ha exigido explicaciones a Azcón por lo que considera una vulneración del acuerdo. Ha asegurado que su formación ha sido “muy generosa” con el PP y ha pedido la convocatoria, por primera vez, de la comisión de seguimiento del pacto de investidura.

Según el acuerdo alcanzado los socios, “PP y Vox constituirán antes del 30 de septiembre de 2023 una Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno, presidida por quien ostente la vicepresidencia primera propuesta por Vox, que evaluará el cumplimiento del presente acuerdo e intentará resolver cualquier discrepancia sobre el mismo. Esta Comisión estará compuesta por igual número de miembros de ambos partidos”.