El bloqueo político pone en riesgo más de 1.700 millones de inversión en renovables en Aragón
El Gobierno de Sánchez busca el apoyo de Junts para ampliar este miércoles la tramitación y evitar un aluvión de demandas.
Más de 1.700 millones de euros de inversión en energía renovable están en peligro en Aragón por la falta de apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez para convalidar este miércoles en el Congreso el decreto para ampliar los plazos de tramitación de los proyectos. El monumental atasco en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) impide dar las autorizaciones de construcción antes del 25 de enero, lo que pone en jaque a todo el sector en España y puede enfrentar al Estado a demandas millonarias por la pérdida de los derechos de las empresas.
Todo depende de que el líder socialista logre in extremis los apoyos que le niegan tanto sus socios de Junts como la oposición. El PP tilda de "chantaje" que se le exija el respaldo ahora cuando los independentistas no lo garantizan, como tampoco lo hace Podemos, en la primera prueba parlamentaria que afronta la coalición PSOE-Sumar.
El Gobierno necesita convalidar el real decreto-ley que aprobó el pasado 27 de diciembre para disponer de otros seis meses adicionales para tramitar centenares de autorizaciones de construcción para plantas eólicas y solares en el país. Esta misma prórroga ya la concedió el pasado verano porque tampoco se llegaba y entonces estaban en juego 53.000 megavatios. Y el mismo atasco administrativo, generado por los propios plazos fijados por el Miteco, se vivió el año pasado con el paso previo, las declaraciones de impacto ambiental. La moratoria se pretende ahora extender también a la puesta en explotación, que vence en julio de 2025 y que se alargaría tres años.
En el caso de Aragón, la información oficial que figura en el visor cartográfico del Ministerio de Política Territorial revela que hay nueve proyectos de tramitación estatal sujetos a obtener la autorización el próximo día 25. De ellos, siete son plantas fotovoltaicas con una potencia de 1.150 megavatios (MW) y los dos restantes son desarrollos eólicos que suman otros 815,5. La inversión, estimada con las medias del sector en función de cada tecnología, ronda los 1.735 millones y se concentra, fundamentalmente, en Zaragoza y Teruel.
La empresa más afectada es la aragonesa Forestalia, con 826 MW, al estar pendiente uno de sus grandes proyectos, el del Maestrazgo, seguida por el grupo Centaurus (646,8 MW), Iberdrola (261,42), Enel Green Power (90), Renovalia (88,4) y Enebro (53).
Las empresas optan por la prudencia a la hora de valorar la situación y fuentes del sector apuntan que, en todo caso, el decreto del pasado día 27 tiene un mes de vigencia y, por tanto, se podría salvar la situación. Desde Forestalia señalan que la extensión de plazos sería "beneficiosa para un sector estratégico" y confían en que haya "una buena solución para todos". En Endesa están "analizando" el impacto que podría tener para su filial de renovables, Enel Green Power, mientras siguen con sus restantes seis proyectos en Aragón, con los que suman em total 427 MW y 283 millones de inversión.
Del hito de finales de mes se libra otro de los principales operadores en la Comunidad, Capital Energy, que tiene en marcha 1.100 megavatios en distinto grado de tramitación administrativa, además de dos parques eólicos con 100 megavatios a punto de comenzar las obras.
Ante la situación de bloqueo político que pone en riesgo inversiones milmillonarias, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, urge una solución al Gobierno porque el problema de tramitación no afecta a la DGA y la moratoria evitaría reclamaciones patrimoniales al Estado "ya no solo por el valor de los proyectos, sino por el lucro cesante". "El Ministerio es el responsable y no las empresas. Sería una irresponsabilidad perder los proyectos con la necesidad que tenemos de renovables, además de por los recursos privados, y también públicos, ya invertidos", añade.
La vicepresidenta y consejera de Economía de Aragón, Mar Vaquero, asegura que el medio centenar de instalaciones de tramitación autonómica no corren peligro y sus 2.009 megavatios tendrán la autorización de construcción antes del día 25. Y lo contrapone a la "inasumible debilidad" del Gobierno de Sánchez para arreglar un atasco burocrático que perjudica "una vez más los intereses de Aragón". "Es otra demostración de su dependencia del independentismo", lamenta.
En paralelo, la DGA está en plena selección para fichar a través de Sarga a diez especialistas para hacer informes y tramitar declaraciones de utilidad pública para construir las instalaciones. Además, contratará ya a otros 17 técnicos para impulsar las ayudas de autoconsumo y los planes Moves.
