La DGA ultima un plan para desbloquear más de 3.000 plazas de oposiciones
Hacienda quiere que a final de año la temporalidad en la administración general baje al 20%.
El Gobierno de Aragón tiene un atasco de más de 3.000 plazas de oposiciones. Esta es la realidad que se han encontrado los nuevos responsables de función pública de la Consejería de Hacienda, ha preparado un plan de choque para acelerar los procesos de selección de personal en la administración general de la DGA con el objetivo de reducir la temporalidad del 40% a un porcentaje inferior al 20% este año.
El contexto es de colapso. Solo en la administración general (Educación, Sanidad y Justicia tienen sus propios sistemas de gestión del personal y unos problemas distintos), hay unos 12.000 funcionarios, con una temporalidad que fluctúa entre el 35% y el 40%. Descontados los trabajadores que atienden necesidades coyunturales (sustitución por vacaciones, bajas por incapacidad temporal, jubilaciones parciales...), el Ejecutivo estima que la administración general hay 4.516 interinos, cuando en 2021 eran 4.077.
Estos porcentajes son anormalmente elevados y están vinculados al bloqueo que han sufrido las oposiciones desde 2018. Es más, las ofertas de empleo público de 2018, 2019 y 2020 no tuvieron ningún desarrollo hasta que en 2021, antes de que entrara en vigor la ley 20/2021 para reducir la temporalidad, se convocaron 72 procesos de golpe. A día de hoy ni siquiera hay una lista de admitidos para hacer las pruebas. En mayo de 2022 hubo una oferta de estabilización para interinos de 571 plazas (307 por concurso y 264 por concurso oposición), pero no se resolvió. Y el Ejecutivo anterior, presidido por el socialista Javier Lambán, no convocó ni un solo puesto de las ofertas de empleo de 2021 y 2022.
Procesos de estabilización
Solo han avanzado los procesos de estabilización de 1.281 puestos de funcionario impulsados entre 2017 y 2019: se han resuelto 1.063 (901 aprobados y 162 plazas desiertas), por lo que quedan 218 pendientes de ejecutar, así como 742 para personal laboral. En este sentido, el Gobierno de Aragón recuerda que "los interinos, si quieren, pueden presentarse a procesos de selección para convertirse en fijos".
Según estimaciones de la DGA, desde el año 2017, en sus diferentes fases, se han puesto en marcha procesos para 4.113 plazas. A esta cifra habría que sumar la oferta de empleo público de 2023, aprobada por el actual Gobierno, con 843 plazas para administración general (307 por concurso para los interinos), que quedarían fuera del atasco dado que todavía hay tres años para desarrollarlas.
De esas 4.113 plazas, 1.519 están vinculadas a oposiciones puras y duras, mientras que 2.594 son concurso-oposición o concurso, en los que los interinos tienen más opciones. Si se le restan el millar de plazas de los procesos de estabilización que están prácticamente resueltas, el reto que afronta la Consejería de Hacienda en sus servicios de administración general pasa por desatascar unas 3.000 plazas. De estas, un millar vinculadas a los procesos de estabilización de 2017 podrían resolverse en los próximos meses. El resto son más complejas. En el departamento no se ponen plazos, pero confían en que con el plan de choque propuesto, se pueda estar por debajo del 20% de temporalidad a final de año.
¿Qué quiere hacer el consejero Roberto Bermúdez de Castro para reducir la temporalidad? De momento ya se han cesado a dos jefas de servicio para reactivar el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP), que se quiere reconvertir en organismo autónomo para dar más agilidad a los procesos de selección.
Uno de ellos pasa por convocar las 313 plazas para interinos de la última oferta de empleo público, que se suman a otras 307 de 2022. Además, se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para unificar procesos: esto significa que todas las plazas iguales de distintas ofertas de empleo se agrupan con el objetivo de ir más rápido.
Otra de las cuestiones relevantes son los tribunales de oposiciones, que no siempre son fáciles de componer, lo que ralentiza las convocatorias. El Gobierno anterior ya planteó una comisión permanente, pero no se llegó a crear. Ahora, el consejero ya ha firmado una orden para que haya un equipo de 5 funcionarios del nivel 29 y 3 del 25 que con carácter fijo se encarguen de los tribunales y que se incorporarán al IAAP. A estos se les sumarían entre 10 y 15 personas con un contrato temporal para poder desbloquear procesos selectivos a la mayor velocidad posible.
