Los interinos reclaman al Gobierno de Aragón la estabilización de 17.000 plazas
Hacienda niega las cifras y recuerda que hay procesos de concurso para 600 temporales. El sindicato denunciará en los tribunales la última oferta de empleo.
Los interinos están en pie de guerra en la administración autonómica. El sindicato Stepa, que representa a la mayoría del colectivo, ha exigido este jueves la estabilización de 17.000 de los 30.000 empleados públicos sin plaza en propiedad y ha cargado contra el Gobierno de Aragón por mantener unos niveles de temporalidad “inasumibles”. Además, anunciaron un recurso judicial contra las últimas ofertas de empleo público aprobadas.
Los representantes del colectivo, tras una pancarta que decía "Auxilio", han acudido al Justicia de Aragón para presentar una queja por su situación. Su portavoz, María Pilar Remírez, ha recordado el último informe de la Cámara de Cuentas, que cifra en el 49% la tasa de temporalidad en la administración autonómica, que advertía del progresivo incremento de este problema. Además, ha apuntado que la propia ley de presupuestos prevé la identificación de las plazas de temporales.
“Los sindicatos Stepa y Cata lo único que quieren es que que se posibilite la estabilización a aquel personal que cumple con la ley, Y en caso de no poder acceder, porque sabemos que son todos procesos de libre concurrencia, se garantice la compensación económica, que viene también recogida en la ley”, declaró Remírez.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha negado las cifras aportadas por Stepa y ha dicho que no se pueden incluir el personal estatutario de Sanidad o el docente "cuando les interesa". "Mezclan las cifras y las utilizan torticeramente", ha comentado.
El responsable autonómico ha recordado que Stepa pidió la estabilización de 4.500 empleados de administración general y se encontraron "con fallecidos, personal estatutario, se contabilizaba la carrera militar...".
Bermúdez de Castro que Stepa quería echar atrás las ofertas de empleo desde 2018 "y eso es ilegal". "Toda la gente que está en estos procesos tienen derechos y lo saben", ha criticado.
Fuentes del departamento de Hacienda han recordado que la última oferta de empleo, correspondiente a 2023, garantiza más de 300 plazas para los interinos, "a los que hay que sumar otros 300 de la de 2022". "El actual Gobierno va a seguir haciendo lo que la ley le permita para reducir la temporalidad", añadieron.
Según explicó la sindicalista, “la temporalidad es un cáncer para las administraciones públicas y en el caso del Gobierno de Aragón esta enfermedad está perfectamente diagnosticada”. Ha indicado que se han aprobado leyes, como la ley 20/2021 de medidas para la reducción de la temporalidad en el sector público, pero en su opinión ni el Gobierno de Aragón saliente ni el actual están cumpliendo.
A su juicio, la administración autonómica no va a alcanzar el máximo del 8% de temporalidad previsto en la ley y exigido para acceder a fondos Next Generation. “Peligran los fondos europeos, la calidad de los servicios públicos que se sostienen en un sistema precario deja mucho que desear y al final todo esto los que lo pagamos somos el conjunto de la sociedad aragonesa”, ha lamentado Remírez.
La portavoz de los interinos explicó que el colectivo se siente “completamente desamparado”. “Ahora el 1 de febrero va a haber ceses inminentes porque al no identificar las plazas, se han ofrecido a concursos de movilidad interna de funcionarios. Entonces van a ser cesados, mandados al paro a cero euros, aproximadamente un centenar de trabajadoras y trabajadores de administración general”, ha criticado.
El sindicato ha anunciado que va a acudir una vez más a presentar una denuncia ante la Comisión Europea y a demandar las ofertas de estabilización a las que consideran que tienen derecho.
“No dudaremos en seguir haciendo acciones en la calle y animamos al resto de colectivos en situación de abuso y amparados por la ley a que salgan y manifiesten su malestar. Y no dudaremos en convocar, si es necesario, una huelga”, ha declarado Remírez.
