Los costes vinculados a la despoblación y la vejez penalizan cada vez más a Aragón
El mantenimiento de los servicios esenciales eleva las facturas de la DGA a la espera de una reforma del sistema de financiación autonómica que lo compense.
Llevar los servicios públicos esenciales hasta el total de la población aragonesa es cada vez más caro. Y lo es por las particularidades de un territorio lastrado por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión. Desde el coste de cada profesor en el medio rural, hasta el gasto farmacéutico, pasando por el número de centros de salud por habitante, la DGA debe hacer un mayor esfuerzo económico que comunidades como Madrid o Cataluña. En el Pignatelli urgen por todo ello a una reforma del sistema de financiación autonómica, de tal forma que se compensen este tipo de particularidades, y frenar así el deterioro de Aragón, que en los últimos años ha caído cuatro puestos en la clasificación nacional del reparto de fondos.
En una comunidad donde la mitad de sus habitantes residen en uno solo de sus 731 municipios, la despoblación y la dispersión condicionan decididamente la organización de los servicios públicos. Llegar a los vecinos de los pueblos más pequeños es una obligación de las administraciones, y en Aragón hay muchos. El 74,1% de las localidades (542) tienen menos de 500 empadronados y apenas acogen al 6,76% de la población total.
Con esta radiografía, el sobrecoste es generalizado en todos los servicios. En Aragón, el desembolso público por alumno en un municipio de menos de 5.000 habitantes es de 5.115 euros, mientras que uno escolarizado en una localidad de más de 5.000 habitantes cuesta 3.320 euros. Es decir, casi 1.800 euros más caro. "En todo caso, si tomamos como referencia un centro escolar en un pequeño pueblo (Villanúa, por ejemplo), en comparación con un centro de una localidad mayor, como puede ser la capital aragonesa, el coste se dispararía hasta los más de 7.700 euros", ejemplifican desde el departamento de Educación de la DGA. Y eso sin tener en cuenta otros gastos vinculados como los de transporte, comedor, auxiliares de Educación Especial...
Comparativa
Algo parecido ocurre con la sanidad pública, sea cual sea el parámetro que se analice. Solo por poner un ejemplo, en Aragón hay un centro de salud o consultorio por cada 1.339 personas, mientras que Madrid hay uno por cada 15.922 personas y en Cataluña, cada 6.540 habitantes. Es el resultado de la dispersión de la población más allá de la capital.
Pero en el apartado sanitario, es mayor condicionante la edad de los residentes que su lugar de empadronamiento. En Aragón, el índice de envejecimiento -es decir, el ratio entre la población mayor de 64 años sobre la menor de 16 años- es de 154 puntos, mientras que la media nacional se queda en 137. De esta forma, uno de cada cinco aragoneses tiene ya más de 65 años (292.934) y de ellos, 96.000 supera los 80.
La mayor esperanza de vida se traslada a los ambulatorios y centros hospitalarios, que sufren una mayor presión. También en el gasto farmacéutico, que no ha parado de crecer. Aragón ya destina a medicamentos 651 millones de euros, el doble que hace dos décadas, y con incrementos anuales por encima de la media nacional.
De igual modo, el progresivo envejecimiento de la población se está reflejando en las facturas de la atención a la dependencia. Si en 2015 el coste de estos servicios se elevaba a 188,5 millones de euros en Aragón, en 2022 supusieron un desembolso de 267,3 millones. Y aunque el Estado ha ido aumentando su aportación cada año, hasta asumir ya un tercio del coste, las comunidades, en especial las más afectadas por la media de edad de sus habitantes, reclaman un esfuerzo mayor.
Tendencia negativa
La tendencia, por tanto, no es positiva. Aragón ha pasado de ser la quinta comunidad con un mejor balance de pagos en la financiación autonómica al noveno puesto de la clasificación nacional desde 2014, año en el que se debería haber reformado el sistema.
La comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón sobre el nuevo sistema de financiación autonómica ya constató que "aunque la población ajustada debe seguir siendo el indicador de necesidad para los servicios fundamentales, ha de ser revisado para que refleje el coste real que tiene cada comunidad para prestar dichos servicios de forma equivalente".
En concreto, desde la DGA defienden que tendrían que tener más ponderación criterios como "el esfuerzo fiscal, la estructura territorial y poblacional, y, especialmente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales".
Última propuesta de reforma
El actual sistema de financiación autonómica lleva vigente desde 2009 y debería haberse revisado cinco años después, en 2014. En todo este tiempo, sin embargo, PP y PSOE no han sido capaces de consensuar una reforma que urgen las comunidades más infrafinanciadas, como Valencia y Murcia, y aquellas más penalizadas por la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León y Galicia.
Los presidentes autonómicos de estas ocho últimas comunidades se aliaron en 2021 -por entonces, con el socialista Javier Lambán en el Pignatelli y el conservador Alberto Núñez Feijóo todavía en la Xunta gallega- para reclamar a Hacienda una reforma acorde a sus intereses.
De acuerdo a esta presión autonómica, la Moncloa impulsó durante la pasada legislatura los estudios técnicos para abordar la ansiada reforma. El documento, que fue remitido a las comunidades para su análisis y alegación, atendía las demandas de dispersión y envejecimiento, de tal forma que según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Extremadura y Aragón serían los territorios más beneficiados, al mejorar un 8,6% y un 7% respectivamente.
Ahora esa propuesta duerme en los cajones del Ministerio, cuya titular, María Jesús Montero, ha desistido de lograr un acuerdo entre autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y lo fía todo a un pacto entre PSOE y PP, de forma que una vez alcanzado, cada partido ‘obligue’ a sus barones territoriales a aceptarlo.
Sin embargo, la polarización política, agudizada tras los pactos de investidura de Pedro Sánchez, no facilita las vías de entendimiento. Tanto en Ferraz como en Génova reconocen que solo se lograría con la máxima del ‘café para todos’, aumentando la trasferencia de fondos de manera generalizada.
