El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la autorización para aportar los 30 millones de euros comprometidos por el Estado para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). En los próximos días, el Gobierno central y el de Aragón, que aporta la misma cantidad, rubricarán un convenio anual que busca impulsar las inversiones en la provincia para fomentar su cohesión territorial y reducir la despoblación.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado en rueda de prensa la apuesta, a través de este fondo, por “mejorar las infraestructuras de transporte, la implantación de iniciativas empresariales que creen empleo y las relacionadas con la protección del medio ambiente”. “De manera leal y colaborativa mantenemos vigente un convenio histórico que ha hecho avanzar a la provincia de Teruel”, ha indicado.

Desde la Moncloa han explicado que la Ley General de Subvenciones establece que al ser una cuantía superior a 12 millones de euros requiere le autorización del Consejo de Ministros y, “dado lo avanzado del ejercicio presupuestario 2023, su aprobación resulta urgente y de interés general, sin demorar la suscripción del convenio a la constitución del nuevo Gobierno”.

El convenio establecerá las bases de la cooperación entre el Estado y Aragón para “fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios estructurales territoriales identificados”, explica el Gobierno central. La aportación será de 60 millones, 30 cada administración, y las actuaciones a financiar se podrán ejecutar entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2026.

La elección de los proyectos de inversión financiados con cargo al FITE corresponde al Gobierno de Aragón. Cada actuación tendrá un coste mínimo de 125.000 euros y una parte de la dotación se reservará para la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias en Teruel.

Para determinar los proyectos y velar por su ejecución se constituirá una comisión de seguimiento, presidida por el secretario de Estado de Política Territorial e integrada por tres representantes del Ministerio de Política Territorial y dos de la Delegación del Gobierno en Aragón, por parte del Gobierno central, y otros cinco de la DGA.