La patronal rechaza rebajar la jornada al implicar más costes y menos competitividad
Los sindicatos consideran «poco ambiciosa» la propuesta del Gobierno y apuestan por las 35 horas. Los agentes sociales coinciden en que debe ser la negociación colectiva donde se discuta este asunto
De «injerencia gravísima» calificó ayer Jesús Arnau, director general de la patronal aragonesa, el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PSOE y Sumar para reducir en 2024 la jornada laboral en España a 38,5 horas a la semana y a 37,5 en 2025. Supondrá, criticó, un «aumento en costes» y «una pérdida de competitividad», pero lo más negativo, dijo, es «el intervencionismo por parte del Gobierno en funciones» a la hora de regular las condiciones de trabajo, sin respetar el diálogo social y solo por «interés partidista».
Para Arnau, el acuerdo anunciado ayer por el presidente en funciones Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, también en funciones, Yolanda Díaz, «son decisiones de despacho que van en contra de la creación de empleo y de la competitividad del país».
Es un «agravio» frente a otros países que las horas de trabajo se fijen por «imposición unilateral» del Gobierno, remarcó Arnau, y «no en el marco de la negociación colectiva», que es donde debe hacerse «por sector de actividad o por empresa o incluso por territorio dependiendo de las necesidades organizativas del empleador».
«¡Ojalá!», afirmó el director general de CEOE Aragón, «en España hubiera el grado de consenso que existe en Aragón», en alusión a la Declaración institucional de diálogo social firmada este lunes por DGA, empresarios y sindicatos.
«Es muy fácil tomar decisiones unilaterales cuando afectan a otros», recriminó Arnau a un Gobierno «que no ayuda a los creadores de empleo, las empresas» sino que «ha convertido los últimos años en una carrera de obstáculos con la subida del salario mínimo un 47% en 5 años», el crecimiento de la inflación y la subida de todo tipo de costes «que afectan especialmente a micropymes, autónomos y el medio rural».
A la pregunta de si la reducción de jornada no contribuye a mejorar la conciliación, Arnau contestó que «si alguien cree que por reducir la jornada se ayuda a que los jóvenes tengan familia se equivoca ya que son las políticas de reducción fiscal en acceso a la vivienda y al empleo lo que favorece la natalidad» y lo demás, señaló, es mero «postureo».
La decisión unilateral del Gobierno «es una falta de respeto al diálogo social», corroboró María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. Además, advirtió del «impacto negativo que va a tener al incrementar los costes sobre un tejido empresarial de autónomos y micropymes muy debilitado».
Reducir la jornada «de espaldas a los agentes sociales no es forma de hacerlo», destacó Lorente. «Hay ya sectores que están en las 38, 37 o 35 horas, pero lo han hecho en el marco de la negociación colectiva, consensuándolo entre empresarios y sindicatos ya que hay sectores o empresas que se lo pueden permitir y otras no».
Para la presidenta de Cepyme no es de recibo que el Ejecutivo no cuente con los agentes sociales, que no los reúna y no evalúe el «coste impresionante» que esta medida va a tener en el tejido empresarial.
En cuanto a sí hay que ir hacia una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, Lorente reconoció que «casi nadie piensa ya en un modelo único de las 40 horas o las 37,5 a la semana, pero eso hay que negociarlo entre la dirección y el comité de empresa».
Especialmente molesta porque no se respeten las formas, incidió en que «hasta donde se pueden bajar las horas de trabajo ha de verse en el seno de cada compañía».
Por el contrario, desde UGT indicaron que la rebaja de jornada planteada por el Gobierno en funciones es «poco ambiciosa». «Va en la buena dirección», manifestó José de las Morenas, secretario de política sindical e industrial, «pero hay que ir más allá y alcanzar en esta legislatura la implantación de las 35 horas de jornada laboral» como ya existe en países como Francia desde hace años, recordó.
«Haría falta imprimir un punto más de velocidad a esa reducción del tiempo de trabajo y trasladar ese crecimiento de productividad que han tenido las empresas a llegar a las 35 horas en cuatro años y seguir avanzando hacia las 32 horas o los cuatro días de jornada laboral». Asimismo, el portavoz de UGT aclaró que este acuerdo entre PSOE y Sumar cuando se constituya el Gobierno se trasladará al Estatuto de los Trabajadores y será de aplicación obligada. Sobre el posible impacto negativo del que alerta la patronal, dijo que también «se opusieron en su día a la subida del SMIdiciendo que iba a haber cierre de empresas y pérdida de empleo cuando no ha sido así».
Desde CC. OO. su secretario general, Manuel Pina, calificó de «positivo» el acuerdo al que no le ve «mayor complicación». «Ya hay muchos convenios con una jornada inferior a 40 horas», remarcó.
La negociación colectiva «ha hecho posible que muchas empresas del sector industrial y de servicios de más valor añadido incluso estén por debajo de las 38,5 horas que marca este acuerdo para 2024». Lo que hace el acuerdo anunciado es «llevar a la legalidad lo que ya se aplica en realidad».
De «poco ambicioso», pero «positivo» lo calificó el secretario general de OSTA, David Lázaro: «Las 38,5 horas ya están implantadas en muchas empresas», afirmó. «Lo que habría que hacer es llevarla a las 35 horas e implantar la semana laboral de 4 días».
DGA y Ayuntamiento de Zaragoza ya tienen 35 horas
Una parte importante de los trabajadores de la Administración general en Aragón, cerca de 12.000, de un total de 44.000, ya tienen la jornada laboral de 35 horas desde mayo de este año, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el convenio firmado a final de marzo por la DGA y los sindicatos CC. OO, UGT y CSIF que lo recoge y que sustituye al que había en 2006 y que estaba obsoleto.
«En ese convenio teníamos 37 horas de jornada ordinaria y 39,5 de jornada de especial dedicación y en este último hemos pasado a 35 y 37,5 respectivamente», explicó Yolanda Mediel, responsable de CSIF en el sector de la Administración de la Comunidad Autónoma (DGA): «Llevábamos muchos años intentando que se implantara en Aragón, pero siempre vamos al rebufo de las demás», añadió, «aunque ya se ha conseguido y mejorará la conciliación entre trabajo y familia».
Reconoció que ha habido que hacer ajustes en la organización de los centros para que los servicios sean cubiertos y que además está la jornada de especial dedicación que es más amplia y que se compensa económicamente.
«Lo que se reivindica ahora», añadió Mónica de Cristóbal, responsable de Acción Sindical, de CSIF Aragón, «es que esas 35 horas de jornada que solo tienen el personal de servicios de la DGA, esos 12.000 se haga extensivo a los profesionales de la Educación (con 37,5 horas de jornada), la Sanidad (con 37) y la Justicia (con 37) al entender que todo empleado público debería tener las mismas horas de trabajo».
Y es lo que harán, anticipó en la próxima mesa general de negociación que tendrá lugar el 30 de octubre, así como que les suban el pago por kilometraje a 26,5 céntimos el kilómetro ya que sigue en 19 céntimos desde el año 1993. De hecho, la pasada semana, Mónica de Cristóbal, junto al presidente de CSIF en Aragón, José Luis Santafé, se reunieron con el conesjero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, para pedirle mejoras para todos los empleados públicos como la extensión de la jornada de 35 horas que por ahora solo tienen en la DGA.
También los empleados públicos del Ayuntamiento de Zaragoza tienen las 35 horas desde 2016.
