Un total de 13.750 aragoneses están pendientes de una valoración de discapacidad, tanto física como psíquica, y 9.295 de ellos corresponden a primeras atenciones, mientras que el resto son "revisiones de oficio". Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, quien ha reconocido que la situación es "inaceptable" y se encuentra "lastrada" por "la falta de profesionales en los equipos de valoración". Es en Huesca donde se producen más retrasos, alcanzando los 22 meses desde que se graba la solicitud hasta que se lleva a cabo la valoración. En Teruel es de 13 meses y en Zaragoza oscila entre los 7 y los 11. 

"En términos globales entran cada mes 920 nuevas solicitudes y, de media, se hacen 375 valoraciones", ha puntualizado Susín, quien ha recordado que, con estos datos sobre la mesa, hay una "distorsión" de 545 personas al mes. En Huesca se graban 155 al mes, pero se tiene capacidad para valorar a 55; mientras que en Teruel llegan 75, de las que solo se pueden atender 26 y en Zaragoza se superan las 700 peticiones mensuales y no se alcanzan las 300 valoraciones. 

"Primero se analiza, después se diseña y se implementa y finalmente, se evalúa para corregir todas las cuestiones que han fallado y que deben desecharse o mejorar", ha recalcado la consejera, que ha afeado a Pilimar Zamora, diputada del PSOE, que hable de "opacidad y hermetismo", cuando "estos datos no los hemos podido conocer hasta ahora".  

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Susín ha señalado que estos datos han aflorado con la implantación de la nueva plataforma informática de gestión integral del reconocimiento, que ha llegado "tarde". Ha avanzado su intención de reforzar los equipos de valoración, introducir nuevos perfiles profesionales y la posibilidad de valorar sobre expediente en determinados casos.

 Asimismo, junto a otras comunidades autónomas, ha especificado la consejera, van a pedir al Gobierno de España "la apertura de pasarelas entre los procedimientos de valoración de la discapacidad y la dependencia, para poder asimilarlos y agilizarlos". Y dentro del propio Ejecutivo aragonés, se coordinará con Sanidad para que los profesionales sanitarios que hacen los análisis de dependencia y discapacidad puedan acceder a los informes y se reduzca la carga burocrática. 

"Ustedes avanzan en el reconocimiento de los derechos sobre el papel y nosotros avanzaremos en la implantación de los derechos de forma efectiva", ha apostillado a la bancada socialista, a la que ha acusado de "seguir de luto" tras perder las elecciones. No ha dudado en contestar Zamora, quien ha asegurado que estos datos los daba la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, "cada vez que le preguntaban". 

"Usted lo conocía", ha aseverado, al tiempo que ha criticado que, después de dos meses en el Gobierno, todavía no tengan directores provinciales, aunque "corrieron" para cesar a los anteriores. Y ha animado a Susín a "ponerse a trabajar" porque ha asegurado que si lo hubiera hecho en verano, la situación en otoño sería distinta. "Nosotros lo hicimos cuando nos encontramos a 15.000 personas en el limbo de la dependencia", ha recordado en referencia a la entrada de Javier Lambán al frente del Ejecutivo. 

Desde CHA, Isabel Lasobras, ha pedido más equipos de valoración y mecanismos de coordinación entre dependencia y discapacidad. Además, ha pedido a Susín que "impulse" la ley de 2019 de derechos y garantías, que la consejera ha tildado de ser de "papel". Por su parte, Pilar Buj (Teruel existe) también ha puesto el foco en la necesidad de ir "corrigiendo todos estos errores" porque "los usuarios y familias ya tienen bastante dificultades para que la Administración se lo ponga más difícil".

En el grupo mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha lamentado que por culpa de la "ineficacia del Gobierno" haya personas que no estén atendidas,  mientras Álvaro Sanz (IU) ha pedido que se refuerce lo público y no haya concertaciones. Andoni Corrales (Podemos) ha defendido la labor desarrollada por la ministra Ione Belarra en el campo de la dependencia.