aragón
Más de 39.000 aragoneses han recibido ayudas de la dependencia y 4.579 están a la espera
Desde el IASS reconocen que se ha vuelto a batir el récord histórico de personas dependientes atendidas hasta el 31 de julio.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha vuelto a batir el récord histórico de personas dependientes atendidas, alcanzado las 39.213 a fecha de 31 de julio de 2023. Baja el número de personas que continúan en diferentes listas de espera del sistema, reduciéndose así la cifra de ciudadanos pendientes de PIA (Programa Individual de Atención), el denominado ‘limbo’ de la dependencia, a 854. Hay, además, otras 3.725 personas pendientes de valoración.
Por provincias, de los 39.213 aragoneses que han recibido la ayuda a la dependencia 23.783 atendidos han sido atendidos en Zaragoza; 10.733, en Huesca; y 4.697, en Teruel.
Fuentes de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales han destacado el "importante esfuerzo tanto económico como de gestión que se ha hecho por parte del Gobierno de Aragón en materia de dependencia desde 2015, poniendo en marcha servicios, agilizando los trámites y reforzando el personal valorador”. Prueba de ello, aseguran, es que el Gobierno central, tras la recuperación del denominado nivel acordado (suprimido en 2012), ha incrementado esta partida en Aragón “por cumplimiento de objetivos y por la buena gestión”.
Así, la financiación procedente del Gobierno de España ha pasado de 31.285.166,31 euros en 2015 a una estimación de 96.881.180 euros en 2023. Esta cifra incluye 32.081.180 euros de nivel acordado más un promedio de ingresos mensuales (la nómina) de 5,4 millones por doce anualidades.
Uno de los principales avances llevados a cabo en esta legislatura y que ha supuesto una mejora cualitativa del sistema ha sido la aprobación el pasado mes de marzo de la Orden que modifica la que regulaba los servicios y prestaciones (2013) y la propia Orden de procedimiento. Entre las medidas más importantes destacan aquellas que favorecen la desburocratización del sistema, el incremento de las cuantías máximas de las prestaciones para las personas con menos recursos económicos, la posibilidad de que las personas con grado I de dependencia puedan acceder al servicio de residencia, la creación de nuevas prestaciones vinculadas al servicio y la compatibilidad de ciertos servicios y prestaciones -favoreciendo la permanencia de la persona en su domicilio con ‘paquetes integrados de servicios’-, entre otras cuestiones.
También se ha apostado, añaden, por la simplificación y agilización de los trámites, la flexibilización de las posibilidades de intervención, la tramitación de forma telemática o la reducción de la documentación requerida.
Balance por legislaturas
Desde la aprobación de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, el sistema ha sufrido diferentes oscilaciones, marcadas por las cuatro legislaturas en las que se ha gestionado.
En la primera de ellas, de 2007 a 2011, Aragón, al igual que el resto de las comunidades autónomas, emprendió la puesta en marcha del sistema, tanto en su desarrollo normativo como, especialmente, en la implantación de una estructura para su gestión. Este periodo se cerró con 23.884 personas atendidas y un porcentaje de ‘limbo’ de un 16% frente al 26,4% de la media nacional.
Desde el Departamento de Ciudadana destacan que en el periodo comprendido entre 2011 y 2015 “se produjo un retroceso, tanto en los datos cuantitativos como en la calidad del sistema”, reduciéndose a 16.000 el número de personas atendidas (7.000 menos) y alcanzando un ‘limbo’ de 15.000 personas, situando a Aragón a la cola de las comunidades.
En el periodo entre 2015 y 2019 se produce un “importante incremento del gasto destinado al sistema de la dependencia”, pasando de casi 189 millones de euros en 2015 a 230 en 2019. Asimismo, se reforzaron las plantillas y se desarrolló el catálogo de prestaciones y servicios: puesta en marcha del servicio de promoción de la autonomía personal, del servicio de ayuda a domicilio en todo el territorio aragonés, a través de convenios de encomienda de gestión con las entidades locales, y del servicio de teleasistencia. En mayo de 2019 se contabilizaron 31.000 personas atendidas y se redujo el ‘limbo’ a 6.000.
En la última legislatura (2019-2023) las cifras de personas atendidas se han ido incrementando año a año, alcanzando las 39.213 antes citadas y un ‘limbo’ de 854 personas, y se han llevado a cabo dos importantes medidas: la sustitución del procedimiento y la implantación de una nueva plataforma tecnológica de gestión.
