Derechos humanos
Vivimos en el año 2023 en España, aunque a veces parece que todavía estamos en los 70, antes de que llegara la democracia con la Constitución, que cumplirá 45 años el próximo 6 de diciembre. Utilizar la Ley de Memoria Histórica para poder recuperar los restos de 128 españoles fusilados en la Guerra Civil del Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) es causa de uno de los enfrentamientos del Gobierno del PSOE con la oposición del PP para las próximas elecciones generales del 23 de julio.
Las víctimas del Franquismo llevan años a la espera de que se reconozcan sus derechos humanos, como defiende el abogado Eduardo Ranz. Han pasado por delante de ellos las exhumaciones del dictador Francisco Franco, en 2019, o del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en abril pasado.
Purificación Lapeña lleva siete años a la espera de que se cumpla la sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial, que reconoció el derecho a exhumar a sus antecesores, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Ella reclama que el equipo de forenses que entró ayer en el Valle de Cuelgamuros trabaje con la máxima celeridad para que un hipotético cambio de Gobierno no obstaculice la devolución de los restos de los fusilados que se llevaron a escondidas en 1959 del cementerio de Calatayud.
Hay símbolos de la democracia que defiende la Justicia y no pueden ocultarse, gobierne la derecha o la izquierda. Las víctimas de la dictadura que se sepultaron en la Capilla del Santo Sepulcro, en contra de la voluntad de sus familias, o en las carreteras de toda España no pueden ser los olvidados. Hace falta cerrar sus historias por salud democrática.
