Las urnas ya han hablado y son ahora los partidos los que deben negociar, con los datos en la mano, acuerdos para alcanzar una mayoría suficiente que garantice la investidura. Es mucho el trabajo por hacer en un escenario económico complejo. La deuda pública, que se dispara a los 8.952 millones de euros, es el principal lastre que arrastra la Comunidad. No dejan de aumentar los gastos de Personal y el pago a proveedores, que alcanzó los 60 días en enero, y se ha logrado rebajar a 22. La ejecución del presupuesto, histórico con los fondos europeos, va lenta por el proceso electoral, y será mucho el camino que el nuevo Gobierno tendrá que recuperar.

La deuda en Aragón no ha dejado de crecer desde 2011. En los peores años de la anterior crisis, la que se saldó aplicando recortes sociales, aumentaba a un ritmo de casi mil millones al año. En los ocho años de la era Lambán pasó de 6.010 millones a 8.952, 6.749 euros por habitante y el 21,9% del Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos disponibles en el portal de Transparencia.

El mayor coste anual que asume la Administración autonómica son los gastos de personal, 2.684 millones de euros con los que se han de pagar las nóminas de 58.487 empleados. Y la de funcionarios y laborales tampoco ha dejado de crecer, sobre todo, a partir de 2015. En la VIII legislatura, la presidida por Luisa Fernanda Rudi (PP), se primó la contención por la crisis y solo aumentó en 1.222. Desde 2015 la plantilla ha incorporado 6.669 más, una parte de ellos destinados a reforzar la Sanidad, resentida por la covid.

El nuevo Ejecutivo autonómico tendrá que resolver el complejo plan de estabilidad de las plantillas, convocando las pruebas que siguen pendientes. Y solventar las críticas del sindicato de interinos, STEPA-CATA, que es ya la tercera fuerza en la Administración General de la DGA con 55 representantes y un 18,77% de los votos.

El pasado 19 de mayo, a nueve días de las elecciones autonómicas, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el II acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración General de la DGA, del que se beneficiarán 11.924 trabajadores y que contempla, entre otras cuestiones, la jornada laboral de 35 horas semanales.

En materia retributiva, se aumentan las cuantías de los pluses por domingos y festivos (alcanzan los 53,76 euros por jornada) así como las recompensas por trabajar los días 24 y 31 de diciembre (107,52 euros). Como novedad, se crea un complemento para las dos categorías profesionales más feminizadas –técnico en educación infantil y personal de servicios domésticos–.

Los pactos de Gobierno podrían condicionar la estructura del Ejecutivo si algún partido exige contención._En la estructura actual hay 83 trabajadores eventuales, con un coste anual en nóminas de 3.907.200 euros.

La ejecución presupuestaria

El nuevo presidente y sus consejeros tendrán que ejecutar casi el 80% del presupuesto. De un proyecto que no han elaborado ellos si, como todo apunta, asume Jorge Azcón el cargo, al ser el único que puede sumar mayoría con apoyo de Vox como socio de coalición o en la investidura.

Con datos actualizados a 25 de abril, los gastos no financieros están ejecutados al 18,45%. El porcentaje más bajo corresponde a la inversión real, con un gasto de 29,2 millones (el 6,14%), en el primer trimestre del año. Los ingresos no financieros rondan el 19,72%, con la recaudación por tasas al 27,8% y la de impuestos por encima del 22%. Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, con 24,5 y 25 millones en derechos reconocidos, respectivamente, se están ejecutando por debajo de la media.

El Gobierno aragonés en funciones ya ha empezado a redactar los informes para llevar a cabo el traspaso de poderes. En manos del PP_está definir cuándo será. Azcón quiere reunirse en las Cortes con todos los partidos con representación, tras comunicarle el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, que sus 23 parlamentarios no se abstendrán. La próxima reunión, que podría celebrarse esta misma semana, será con Alejandro Nolasco, líder de Vox Aragón, partido con el que el PP sumaría los 35 escaños, uno más de los 34 que necesita.