Las barreras para homologar títulos abocan a profesionales extranjeros a empleos peor cualificados
El proceso se llega a prolongar varios años, aunque el Gobierno aprobó el pasado noviembre una ley para agilizarlo.
Diana Quinatoa es licenciada en Comunicación Social y trabajó como coordinadora de tres provincias en la Secretaría de Deporte del Gobierno de su país, Ecuador. Llegó a Zaragoza en febrero de 2020 y actualmente se gana la vida como empleada de hogar, además de ser una de las portavoces de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. Ha hecho cursos relacionados con su profesión sobre gestión digital, márquetin, 'podcast'... y ante el panorama de tener que esperar "más de dos años" para lograr la declaración de equivalencia de su título, ha optado por cursar un máster en Comunicación e Imagen Corporativa.
"Hasta ahora he ganado un sueldo en lo que he podido, también siete meses en una empresa de automoción y eso me ha permitido pedir el arraigo laboral", cuenta. Sabía que el proceso de homologación podía ser largo y, además, "en España no existe exactamente la misma titulación que en mi país" por lo que es necesario establecer un "sistema de equivalencias" y "posiblemente tendría que complementar mis estudios con algunas asignaturas".
Por esta razón, los títulos que se homologan muchas veces no son equivalentes a los años que estudiaron en sus universidades, sino que tienen un nivel inferior. Ahora, Quinatoa espera encontrar un empleo relacionado con su formación.
Esta ecuatoriana es una de los muchos migrantes que ejercen trabajos de baja cualificación, sobre todo relacionados con la agricultura, la limpieza y la hostelería, por debajo de su nivel de estudios. El informe '¿Qué hacemos aquí? Jóvenes de origen extranjero en Aragón', presentado recientemente por el Seminario de Investigación para la Paz, revela que más del 87% de los inmigrantes cambiaron de ocupación en relación con la que tenían en su país de origen, y en la mayoría de los casos en una trayectoria descendente en el ámbito laboral. Además, casi un 39% tienen más formación que la precisan para el puesto de trabajo que ocupan.
Las esperas para homologar un título universitario suelen ir de los nueve meses para los expedidos en Europa a más de dos años, y si la licenciatura o el grado es de Medicina, aún más tiempo si es un título extracomunitario.
Certificado de profesionalidad
La odisea que puede suponer la conocen también de primera mano Silvia Sureda y Alejandra Gayán, técnicas de empleo en Zaragoza de Cepaim, una organización social que atiende a migrantes y refugiados.
"Ante la lentitud la mayoría de los migrantes suelen ir a lo más práctico. Hay que tener en cuenta que primero deben asentarse y regularizar su situación", señala Sureda. Apuestan por homologar sus estudios de secundaria o bachiller, lo que les permite contar con un certificado de profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3, respectivamente. "De esta forma pueden empezar a trabajar o mejorar su situación en el mercado laboral", apunta Sureda.
"Se trata sobre todo de personas procedentes de Sudamérica, Afganistán, Siria y en el último año de Ucrania", concreta Gayán. Esta profesional comenta el caso concreto de un médico procedente de la India que lleva tres años inmerso en el proceso de homologación y "todavía no sabe nada".
Hay más de una treintena de profesiones que necesitan homologación, entre las que se encuentran abogados, médicos, dentistas, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, logopedas o distintas ingenierías. Sureda y Gayán informan y asesoran a los migrantes en un programa de empleo que dura 30 meses y "la mayoría de las veces empiezan el proceso de homologación aquí y cuando terminan en muchos casos aún no sabemos el resultado".
Explican que muchas veces cuando salen de sus países "no se llevan consigo los títulos", lo que obliga a que luego tengan que pedirlos, después apostillarlos bien en su país o en los consulados y pagar una traducción jurada si está en otro idioma, entre otros trámites.
El pasado noviembre el Gobierno de España aprobó una nueva ley para agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera. Esta norma determina que deben resolverse las peticiones en un máxima de seis meses. El problema es que esta agilización solo afecta a los extracomunitarios que solicitan la homologación a través de la nueva resolución y no a los que se inscribieron por el antiguo decreto.
El dilema que se plantean algunos profesionales es si vale o no la pena desistir del anterior procedimiento y, posteriormente, acogerse al nuevo. Temen que el nuevo sistema acabe también colapsándose.
"Si reconocen mis estudios mejoraré laboralmente"
Iryna Motrechko, una refugiada ucraniana de 32 años, llegó a Zaragoza el 28 de marzo del año pasado con su hijo de 9 años. Es licenciada en Contabilidad y Auditoría en su país, y tras trabajar dos meses en verano en un bar está ahora empleada en el sector de la limpieza. Gracias al asesoramiento de las técnicas de empleo de la organización Cepaim de Zaragoza, Silvia Sureda y Alejandra Gayán, se ha animado a iniciar el proceso para homologar por lo menos el título de bachiller. "Si reconocen parte de mis estudios puedo mejorar laboralmente. No sé cuánto tiempo voy a tener que quedarme en España, pero es una oportunidad que no quiero perder, ya no solo por mí, sino también por mi hija", asegura. Tiene una experiencia de una década trabajando en grandes empresas.
Jorge Rodrigo Jiménez, un refugiado argentino de 29 años, lleva en España desde diciembre de 2021. Recibió hace unas semanas el permiso de trabajo y se encuentra en búsqueda activa de empleo. Lo suyo es la programación informática, en la que comenzó a los 14 años. También está intentando homologar su título de secundaria técnica y se muestra "optimista" de conseguirlo. Su idea es darse de autónomo para tener una oportunidad en alguna empresa. Mientras, estudia inglés, prepara un proyecto para un programa de emprendedores y "aprende" todo lo que puede de convivir con otros cuatro refugiados.
