los temas: la falta de agua
La sequía inunda la campaña electoral en Aragón y obliga a mojarse en la gestión del agua
Los cuantiosos daños que la ausencia de lluvias están provocando en los cultivos reabre el debate sobre los usos de tan escaso recurso en un escenario de cambio climático.
Hubieran preferido los agricultores y ganaderos que no fueran la pérdida de sus cosechas y las dificultades para alimentar a sus cabañas lo que les ha convertido en los protagonistas de la campaña electoral. Pero ha sido la extrema sequía la que ha puesto el foco en el sector agrario de los mensajes y promesas con los que los partidos políticos caminan hacia las urnas el próximo 28 de mayo.
Con los cultivos de cereal de invierno prácticamente perdidos -especialmente en los secanos más áridos-; con la mitad de la cuenca del Ebro en situación de emergencia y los embalses sin apenas reservas para llevar agua a los regadíos; con las producciones de leñosos -frutales, viñedo, almendro y olivar- mirando al cielo y repasando ya las mermas que tendrán sus cosechas, y con toda la ganadería extensiva asfixiada por los costes económicos que supone suplementar la alimentación de su cabaña que no dispone de pastos por la ausencia de lluvias, a los partidos que concurren al 28-M no les ha quedado más remedio que desenfundar su defensa al sector primario y mostrar sus cartas ante la necesidad cada vez más apremiante de abordar y diseñar cómo debe ser la gestión y los usos del agua en un escenario de cambio climático.
Para el campo, las promesas de apoyos y ayudas llegaron mucho antes de la pegada de carteles, el acto con el que da comienzo la campaña electoral propiamente dicha. Porque fue a primeros de marzo cuando los agricultores comenzaron a dar la voz de alarma sobre los nefastos efectos que la falta de lluvia estaba provocando en sus cultivos. Desde entonces, los partidos políticos, y especialmente los aspirantes a las presidencia del Gobierno aragonés, han regado el sector con mensajes de ayudas directas y medidas «contundentes» con las que aliviar unas pérdidas que ya se estiman en más de 1.000 millones de euros. Unos anuncios, entre los que ha resucitado el fantasma del trasvase, que se intensificaron a partir del pasado día 12, en el que, unas horas antes de que comenzara la campaña electoral, el Ministerio de Agricultura anunciaba la aprobación de un decreto con toda una batería de medidas -y un paquete millonario de ayudas directas- para dar respuesta a las dificultades que atraviesa el sector.
Pero, más allá de las actuaciones puntuales para el momento concreto marcado por la falta de agua, el Gobierno que salga de las urnas el 28-M tendrá que definir el futuro de un sector agroalimentario expuesto cada vez más a los cambios del clima, a los caprichos del mercado, a decisiones que se toman en los despachos de Bruselas pero también al atractivo que supone la actividad agrícola para los grandes capitales.
La sequía impone determinar el rumbo que tendrá que tomar el Pacto del Agua, que ya ha cumplido 30 años, para tener en cuenta el cambio climático y la contaminación difusa. Se hace imprescindible definir la regulación hidráulica de los próximos años, para los que el sector exige una mayor apuesta por embalses con capacidad de almacenar recursos plurianuales que garanticen el riego durante varias campañas.
Los próximos años serán decisivos también para culminar la modernización de los regadíos, apostando eso sí, por aquellos sistemas y tecnologías que permitan la sostenibilidad y la eficiencia en el uso del agua.
Más que agua
Pero más allá de las medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático, el sector primario tiene asignaturas pendientes que examinarán con lupa las políticas que se apliquen desde el Pignatelli.
La pasada legislatura aprobaba prácticamente sobre la campana la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, una norma que apuesta por priorizar el modelo profesional mayoritario en la Comunidad. Habrá que ver cuál es su recorrido porque aunque salió adelante en el Pleno de las Cortes con el apoyo del cuatripartito -si bien el PAR mostró sus reticencias- e Izquierda Unida, pero fue rechazada por PP, Ciudadanos y Vox. De cualquier modo, el sector exige que el Ejecutivo aragonés decida el camino a tomar, esto es, si se apuesta por «una agricultura con personas, o se prefiere aquella liderada por las grandes corporaciones y los fondos de inversión».
Imprescindible será en los próximos años abordar uno de los problemas que arrastra el sector, su elevado envejecimiento y la falta de relevo generacional. Para ello se piden políticas de acceso a la tierra, mayores incentivos para realizar las elevadas inversiones que son necesarias para la incorporación, pero también la eliminación de los derechos históricos de la PAC.
