Elecciones autonómicas 28-M
Las energías renovables, una transición acelerada para el futuro de Aragón
La Comunidad afronta el reto de aprovechar unos recursos naturales privilegiados con garantías de progreso para el territorio y de protección del medio ambiente
El acelerón a la transición energética, que busca sustituir la producción mediante combustibles fósiles por fuentes renovables, ha cogido a Aragón en los puestos de cabeza de un sector que será estratégico en las próximas décadas. Empujada por la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha azuzado a los estados miembros a precipitar un proceso en el que la Comunidad lleva años inmersa hasta el punto de cumplir ya los objetivos marcados para 2030.
Si las plantas en construcción cumplen los plazos previstos, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas distribuidas por las tres provincias aragonesas generarán a final de año el doble de la energía consumida.
La cuestión no es menor, pues tiene implicaciones de calado a nivel político, económico y social. El consenso respecto a la necesidad de culminar la transición energética es total -tan solo algunos sectores de la extrema derecha pone reparos-, y más en un contexto bélico, en el que apremia reducir la dependencia de los suministros rusos, y de cambio climático.
Sin embargo, su implantación en el territorio ha abierto grietas en esa unidad. El debate electoral reivindica estos días una adecuada planificación de ese despliegue por los pueblos y comarcas de la Comunidad que permita aprovechar unos recursos privilegiados con respeto a sus vecinos y al medio ambiente. La propia negociación para configurar gobierno tras el 28-M estará marcada por las líneas rojas que cada formación fije en este sentido.
Pero sobre todo, la apuesta por las renovables tiene una dimensión económica clave para el futuro. La garantía de acceso a un suministro de energía limpia y estable es hoy en día una de las mejores bazas para convencer a las grandes compañías de que instalen sus fábricas o centros logísticos en Aragón.
De lo contrario, difícilmente habría desembarcado Amazon Web Service (AWS) en la Comunidad, que no tendría opciones de disputarle al Reino Unido la futura fábrica de baterías de TATA. Para venir a España el grupo automovilístico exige, además de ayudas económicas, acceso a plantas eólicas y fotovoltaicas. Del mismo modo, Stellantis ha desplegado junto a sus instalaciones de Figueruelas decenas de miles de placas solares para cubrir hasta un tercio de su consumo eléctrico. Y como esta firma, la mayoría de las grandes.
Acercar el consumo
Es el denominado autoconsumo, que a nivel particular también está viviendo un ‘boom’. En los últimos años, desde la eliminación del impuesto al sol, Aragón ha pasado de 30 a 6.304 instalaciones de este tipo. La mayoría son pequeñas cubiertas de placas sobre huertos y naves, pero también en casas y fincas.
Las comunidades energéticas, que permiten a pueblos enteros aprovecharse de manera colectiva de la energía que producen, son otro buen ejemplo. Los vecinos de Luco son los primeros en poner en marcha una fórmula que ya exploran una treintena de municipios aragoneses.
Para Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón, estas iniciativas son muy importantes para «acercar el consumo a la producción» y atajar así uno de los mayores problemas que afronta el sector, el de llevar la electricidad de un lugar a otro.
«El transporte ni es sencillo ni es eficiente», remarca. De ahí que aplauda que la Unión Europea haya habilitado a través de sus directivas –que los países están adecuando a su normativa– herramientas como el autoconsumo, ya sea individual o colectivo, las comunidades energéticas o las redes de distribución cerradas. Todo para hacer la energía más accesible y más barata.
De hecho, una de las grandes batallas de la Comunidad frente al Ministerio y frente a regiones limítrofes será consumir prioritariamente la energía producida para evitar la evacuación de un valioso recurso a otros territorios.
Con ese y otros objetivos, Aragón aprobó en marzo un decreto-ley que, entre otras actuaciones, da cuerpo jurídico a las comunidades energéticas, cuya regulación estaba «dispersa», para agilizar su tramitación. Además, ordena la normativa para fomentar la llegada de proyectos e inversiones con generación renovable asociada y crea un fondo aragonés de solidaridad para compensar a los territorios donde se instalan placas y molinos. Ahora bien, el impulso no será 100% efectivo sin una normativa estatal en materia energética.
6.879 megavatios
De momento, lo que sí ha hecho el Ministerio, por recomendación europea, es agilizar la expansión de las renovables en el país eliminando buena parte de las exigencias ambientales de la tramitación.
La decisión tuvo contestación social y por parte de los grupos ecologistas, pero tanto el Gobierno central como el autonómico remarcan que el proceso sigue siendo «garantista» con el entorno.
Como consecuencia, la capacidad de producción de la Comunidad se ha multiplicado. La potencia instalada que suman las plantas solares y fotovoltaicas alcanza los 6.879 megavatios y los 916 proyectos que están en tramitación en el Gobierno central y en el autonómico superan los 30.000.
Con esos datos, y por mucho que se avance en el autoconsumo y en el aprovechamiento local de la producción, la evacuación de electricidad es un hecho. De ahí que España y Francia ultimen la construcción de una línea eléctrica entre los dos países, a través del Pirineo, por territorio aragonés. A falta de definir el proyecto, se estima una inversión inicial de 1.200 millones de euros con la que se incrementaría la capacidad de transporte por debajo de la cordillera de 3.000 megavatios.
En cambio, para satisfacción del territorio, la ministra Teresa Ribera rechazó las grandes líneas de evacuación en manos privadas, varias proyectadas en Aragón con gran contestación social. «El impacto acumulado de esas grandes distancias hace muy difícil que puedan soportar una evaluación ambiental favorable», advirtió la titular de la cartera de Transición Ecológica, que en esta recta final de legislatura aún debe resolver cuestiones pendientes como la normativa que regula la instalación de placas solares flotantes sobre los embales.
Las claves
Transición acelerada. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía verdes iniciada para reducir las emisiones ha tomado una velocidad vertiginosa con la guerra por la necesidad de reducir la dependencia de suministros rusos.
Impacto ambiental. Las renovables también generan un impacto ambiental en el territorio. La ordenación de este proceso ha enfrentado a administraciones y municipios en los últimos meses.
Repercusión local. Recursos naturales como el sol y el viento son ahora una privilegio para Aragón, al frente de la producción energética verde del país. Que esa ventajosa posición beneficie a los aragoneses frente a otros territorios es el gran reto que afronta la Comunidad.
Líneas de evacuación. España y Francia proyectan una línea eléctrica a través del Pirineo de 1.200 millones de inversión. El Ministerio, no obstante, no contempla autorizar largas redes privadas que afecten al medio ambiente.
Autoconsumo. La mejor forma de que los recursos generados en Aragón repercutan en la economía local pasa por facilitar el autoconsumo, individual o colectivo. Una de las fórmulas en las que más se está trabajando son las comunidades energéticas.
Polo de atracción. El acceso a recursos energéticos verdes se ha convertido, junto con la política fiscal, en el principal reclamo para la atracción de inversiones. La llegada de algunas firmas de renombre a la Comunidad no se entienden sin esta clave.
Regulación. Pese a que las administraciones han definido regulaciones garantistas con el medio ambiente, todavía se deben desarrollar normativas específicas que ayuden a impulsar el sector, en especial en el campo del autoconsumo.
