El Justicia de Aragón alerta de que en una década han bajado un 30% los niños menores de un año
En 2021 uno de cada cuatro chavales vivían bajo el umbral de la pobreza. Los casos de acoso escolar e ideas suicidas crecen en el primer trimestre de este curso.
‘Menos infancia, más pobre y con más problemas’. Con esta contundencia resume el propio Justicia de Aragón el informe anual sobre infancia y adolescencia que presentó ayer. Alerta de que la población menor de 12 meses se ha reducido un 30% en la última década y no llega a los 10.000 bebés. Menos niños y, otra advertencia, con mayores dificultades económicas. En 2021 uno de cuatro menores vivían en hogares con carencias materiales importantes y el 16% tenían problemas para llegar a pagar la vivienda habitual. La tasa de pobreza relativa (se considera cuando los ingresos anuales en el hogar son menores al 60% de la mediana, que en Aragón está en 10.872 euros, es decir unos 6.523) ha pasado de un 21,34% en 2020 a un 24,93%.
Estas son dos de las tendencias más preocupantes en las que hace hincapié el estudio que el lugarteniente del Justiciazgo, Javier Hernández, y el asesor de menores y mayores de este organismo, Andrés Esteban, entregaron al presidente de las Cortes, Javier Sada. A lo largo de sus 340 páginas ofrece una fotografía de la población menor de edad que, tras la pandemia, presenta "unos cuantos destrozos", describió Esteban.
El tobogán de la natalidad vuelve a quedar de manifiesto. La población menor de 18 años en Aragón en 2022 se situó en 218.055 habitantes, 1.725 menos que en 2021. Por tercer año consecutivo el número de bebés con una edad inferior a un año se sitúa en menos de 10.000, en 9.155. Aunque este grupo haya aumentado ligeramente respecto a 2021, cuando eran 8.080, si se compara con la cifra de hace diez años (13.104) ha disminuido casi un tercio.
El índice de pobreza moderada de un 24,93% es el segundo más alto en los últimos ocho años. Persiste el diferencial respecto a la tasa de España (28,82%), favorable a Aragón, pero ha disminuido, al haberse incrementado más en la Comunidad. Se trata además de datos de 2021 que todavía no reflejan los estragos que la subida de los precios de la cesta de la compra y la energía ha hecho en las economías más vulnerables.
Asimismo, existe un importante desequilibrio territorial. Hay municipios con tasas de riesgo de pobreza con porcentajes superiores al 40%, como Épila (42,9%), Caspe (42,55) y Ricla (41,5%), frente a otros con inferiores al 15% como María de Huerva (13,5%) y Villanueva de Gállego (14,8%). "Se trata de una pobreza acumulativa, que se asocia luego con fracaso escolar, obesidad, enfermedades o precariedad laboral", dijo Esteban, quien incidió en que a medio o largo plazo "va a construir una sociedad de una forma profundamente desigual".
Acoso escolar e ideación suicida
El asesor del Justicia dio también los últimos datos sobre acoso escolar e ideación suicida que reflejan una predisposición al alza. En el curso 2021-2022 se notificaron 271 problemas de convivencia en los que se activó el protocolo contra el acoso escolar y solo en el primer trimestre de este año lectivo, se elevan a 173 . En cuanto a las situaciones de riesgo de suicidio, el pasado curso se abordaron 405 casos y en el primer trimestre del actual se han detectado 225.
Las quejas relacionadas con menores se dispararon el año pasado un 23,44%, se iniciaron 79 expedientes frente a 64 el año anterior. Además, se archivaron 77 expedientes (frente a 72) y 10 están en trámite (frente a 9). Aunque los temas motivo de denuncia son diversos, Esteban apuntó que ponen en evidencia la "injusticia espacial" que sufren los niños en el medio rural al no tener las mismas oportunidades para acceder a algunos servicios básicos como la sanidad o el transporte escolar.
También hay espacio para lecturas positivas. El lugarteniente del Justicia destacó la "capacidad de acogida" de la sociedad aragonesa demostrada con los refugiados ucranianos. Por su parte, Esteban puso el acento en el cambio en el reglamento de Extranjería que ha permitido a jóvenes migrantes solos conseguir sus primeros empleos y ser "soporte de esta sociedad", con lo que también ayuda a cambiar la imagen estereotipada que se tiene de ellos.
El dosier incluye propuestas a las diferentes administraciones. El lugarteniente del Justicia planteó crear en la DGA una dirección general del menor u otro órgano administrativo, ya que el Comisionado para la Infancia "no es un órgano competente". Esteban subrayó la necesidad de potenciar los acogimientos familiares.
PRINCIPALES QUEJAS RECIBIDAS POR EL JUSTICIA
Lista de espera en Atención Primaria
El pasado febrero la lista de espera para ser atendidos en este programa era de 400 niños, recoge el informe del Justicia. Una demora que tiene una importante repercusión, dada su edad y lo esencial que es un trabajo especializado cuanto antes. Las protestas se refieren también al déficit de profesionales al incrementarse los casos.
Déficit en la atención de salud mental infanto juvenil
El estudio del Justicia recoge que los servicios públicos se han visto desbordados para atender el aumento de los problemas de salud mental entre los menores ocurridos a raíz de la pandemia, incluidos intentos autolíticos. El informe subraya que en varios centros los propios jóvenes reclaman más apoyo psicológico.
Falta de profesionales para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae)
Desde el Justiciazgo se critica que Educación conoce con suficiente antelación los especialistas (fisioterapeutas y enfermeros sobre todo) que los colegios necesitan cada curso, pero estos se incorporan tarde o incluso nunca llegan a los centros.
Sanidad
En 2022 disminuyen las denuncias sobre sanidad y se centran en los retrasos para la cita con los pediatras, especialmente en el centro de salud de Valdespartera (Zaragoza). Hay casos concretos como la falta de matrona y pediatra en Castejón de Sos, dificultades para ser atendido en oftalmología o la derivación a Barcelona para diálisis de un niño con discapacidad.
Centros de acogida residencial
Los menores tutelados se sienten, en general, bien tratados. Continúa la discriminación hacia los menores acogidos con discapacidad intelectual leve o moderada que al cumplir la mayoría de edad tiene que pasar necesariamente a una residencia de adultos, mientras otros jóvenes, sin discapacidad, pueden acceder a una prórroga.
