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La DGA lanza una convocatoria para comprar unas 195 viviendas y alquilarlas
Los pisos o casas deben de tener menos de 60 años de antigüedad, además de otras características, y no se pagará más de 1.500 euros por metro cuadrado, impuestos incluidos.
El Gobierno de Aragón ha lanzado una convocatoria para adquirir alrededor de 195 pisos en la Comunidad con el objetivo incrementar el parque público de viviendas de alquiler. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que es en Zaragoza capital donde hay una mayor necesidad y que la previsión, que puede variar, es que a otras localidades se destine "un máximo del 25% de la convocatoria", que es de 21,3 millones de euros, entre los años 2023, 2024 y 2025, aunque el grueso se gastará este año.
El consejero ha explicado que la prioridad es atender "tanto la emergencia habitacional de las familias vulnerables, como el acceso a la vivienda en alquiler a precio asequible para colectivos que tienen mayores dificultades para acceder al mercado libre". Todo el proceso se gestionará a través de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón.
Para poder presentarse es necesario que las viviendas no tengan más de 60 años, cuenten con una superficie superior a 55 metros cuadrados y dispongan de, al menos, un dormitorio, cocina, salón y baño, además de energía eléctrica, agua potable y sistema de evacuación de aguas residuales. También deberán a estar libre de hipotecas , embargos y estar al corriente de pagos como la comunidad o los suministros.
"Estimamos que serán unas 195 viviendas, teniendo en cuenta precios y superficies medias, pero pueden ser más", ha recalcado Soro, quien ha señalado que se pagará hasta un máximo de 1.500 euros el metro cuadrado, impuestos incluidos, en el caso de inmuebles del mercado libre, mientras que el de protección oficial se regirá por el régimen de aplicación.
Las solicitudes, en las que se deberá detallar por cuánto se quiere vender la vivienda, se pueden presentar desde este miércoles y el plazo se extenderá hasta el 16 de octubre. "En 2024 y 2025, los presentaremos antes del 15 de enero y también se extenderá hasta octubre", ha apuntado. Y se podrá hacer tanto de manera telemática como presencial o por correo postal.
Una vez presentada la solicitud, Soro ha explicado que serán estudiadas por los servicios técnicos en orden de llegada y que, en el caso de que falte alguna documentación, se contará como fecha de entrada cuando se tenga todo el expediente completo. Personal del departamento visitará los inmuebles para, entre otras cuestiones, asegurar que la reforma no supera los 8.000 euros, impuestos incluidos. "Se analizará caso por caso, en función de las necesidades de viviendas en cada localidad. Se trata de adquirir donde se necesiten, no para que se quedan vacías", ha puntualizado.
De cada vivienda se solicitará una tasación a una empresa ajena y se emitirá un informa favorable o desfavorable, que se elevará al órgano de adquisición. Posteriormente, se propondrá al vendedor la adquisición con el precio más bajo entre la tasación y el propuesto por él. "Tendrá 15 días de plazo para aceptar y entregar más documentación. Tras firmarse la escritura pública se entregará un cheque nominativo", ha especificado.
Estas viviendas se incorporarán al mercado de alquiler, con un importe máximo de 5 euros mensuales por metro cuadrado y se actualizará con el IPC. Por su parte, los inquilinos, incluyendo todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no podrán tener rentas anuales superiores a tres veces el Iprem, que "en la actualidad son unos 2.000 euros mensuales". No obstante, Soro ha destacado que tanto el precio de alquiler como el salario de los inquilinos son cuestiones que se podrán revisar con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana -aporta 13 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón da los restantes 8,3 millones-.
