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Lambán cifra en 8,6 millones el coste de las reclamaciones de la carrera profesional en Sanidad

El presidente de Aragón explica en las Cortes que hay 171 procesos judiciales abiertos.

Javier Lambán se dirige a la oposición en la sesión de control al Gobierno.
Javier Lambán se dirige a la oposición en la sesión de control al Gobierno.
Guillermo Mestre

El Tribunal Supremo (TS) ha sentado doctrina en una sentencia pionera en Aragón en la que reconoce el derecho de una médica estatutaria interina a la carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo. Además, le otorga con efecto retroactivo la concesión del nivel II y el abono de las diferencias retributivas desde 2015 hasta hoy, lo que supone más de 60.000 euros. A esta sentencia se acaba de referir en el pleno de las Cortes, a pregunta de Daniel Pérez Calvo, de Cs, el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha tratado de minimizar el impacto que podrían tener las reclamaciones en las arcas autonómicas.

 El barón socialista ha reconocido que cuando conoció la información a través de la prensa, se publicó en HERALDO, se "preocupó" por el impacto.  Tras conocer los informes, asegura que el "susto" se ha reducido bastante. El impacto que tendrá será "bastante menor que la jubilación forzosa de médicos que provocó el PP y que ha costado ya 50 millones de euros". 

El reconocimiento del complemento singular de perfeccionamiento profesional deviene de acuerdos alcanzados en 2005 por las mesas sectoriales. Introdujeron un modelo retributivo que primaba la continuidad en la administración autonómica como la adquisición de mejoras. Establecía requisitos como la actitud proactiva del interesado solicitando el reconocimietno y la acumulación de años de servicio.

Estas mejoras dejaron fuera inicialmete a los interinos y laborales, generando después reclamaciones que con el tiempo lograron sentencias a su favor. La DGA decidió al inicio de la legislatura ir regularizando el reconocimiento de la carrera profesional. Incluyó en los presupuestos de 2020  las de Administración General. A día de hoy, y tras pactar el pago en tres anualidades, ya no hay. Tampoco en Educación, que un año después adoptó la misma decisión y se abonó en dos pagos.  

En Sanidad hay solicitudes que supondrían 7,1 millones a la que hay que añadir 171 procesos judicializados que alcanzarían 1,5 millones. "Produce más alivio de lo que se podría pensar", ha asegurado Lambán. 

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