economía

El sector del juego alerta de que la futura ley destruirá unos 2.000 empleos en Aragón

Preocupa la prohibición de usar tarjetas de crédito y la aplicación del registro de personas que se autoprohíben el juego en los establecimientos de hostelería. 

Jesús Tremosa y José Antonio Rubio durante la rueda de prensa.
Jesús Tremosa y José Antonio Rubio durante la rueda de prensa.
HA

La Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA) ha alertado de que las modificaciones introducidas "a última hora" en la futura ley destruirá unos 2.000 empleos en Aragón. Se han referido así a la intención de prohibir el uso de tarjetas de crédito y a la aplicación del Registro de Juego de Prohibidos de Aragón (REJUP) -donde se recoge a todas las personas que solicitan que se les prohíba el acceso al juego- en el sector de la hostelería, donde hay instaladas unas 4.800 máquinas. Ante esta situación, han reclamado que se revise el alcance jurídico del texto y los efectos que puede tener. 

En este sentido, Jesús Tremosa, vicepresidente de la asociación, ha pedido a la DGA que lleve a sus servicios jurídicos la decisión de dejar sin efecto las tarjetas de crédito en los salones de juego, donde hasta ahora sí que se permitía, puesto que considera que podría ser "inconstitucional". Además, ha recalcado que el uso de tarjetas se recomienda en diversas leyes de lucha contra el fraude y aporta seguridad tanto a los trabajadores de los salones como a los usuarios. 

De hecho, ha recordado que los vendedores de la ONCE podrán seguir yendo con su datáfono en el cuello en cualquier espacio y también se podrá utilizar la tarjeta para el juego 'online'. "Nuestro establecimientos no dan crédito a los clientes. Si tienen liquidez la podrán usar y, si no, no", ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que hasta que no esté en vigor y existan sanciones no se podrá llevar a los tribunales. "Y para entonces los daños serán ya irreversibles", ha subrayado. 

Otra de las modificaciones que más preocupan es la aplicación del REJUP en la hostelería, obligando a que los dueños o empleados realicen las comprobaciones previas para saber si una personas puede o no jugar en una máquina. "Todos nuestros trabajadores de los salones de juego están acreditados para acceder a este tipo de bases de datos, pero en la hostelería es inviable dada la variación de personal que existe", ha afirmado José Antonio Rubio, presidente de AESA. 

Asimismo, la futura ley también incluye que en dos años todas las máquinas de juego deberán estar conectadas a tiempo real con la Administración. Algo que Rubio ha considerado inasumible, puesto que supondría una inversión de unos "200.000 euros por salón". "Esto no supone más protección para nadie, ya que a día de hoy esa información está en cada una de las máquinas y las brigadas de juego tienen acceso a ellas", ha recalcado. 

"Estos cambios demuestran un desconocimiento profundo del sector", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que apoya la modificación de legislación actual, pero no en los términos en los que ha planteado recientemente. "Con estas modificaciones, desaparecerán el 30% de los salones de juego (actualmente hay 119) y la mitad de la máquinas que hay en hostelería. Y cada máquina que se quita supone un puesto de trabajo", ha subrayado. 

Rubio ha reconocido que el sector se encuentra en "decadencia", puesto que todavía no se han recuperado las cifras de negocio previas a la pandemia y dudan de que se vaya a alcanzar. 

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