El PP se compromete a cambiar las trabas burocráticas a agricultores y ganaderos en Aragón
El portavoz de Agricultura del PP en las Cortes, Ramón Celma, ha denunciado los cambios en la nueva Política Agraria.
El portavoz de Agricultura del PP en las Cortes, Ramón Celma, ha anunciado este martes que cuando lleguen al Gobierno de Aragón introducirán cambios para reducir las trabas burocráticas que impone la nueva ley de agricultura familiar, con la que no están de acuerdo.
Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa para denunciar los cambios en la nueva Política Agraria, con más exigencias para cobrar menos cuantías, y a la que se suman también las mayores trabas administrativas que está imponiendo el Gobierno de Aragón al sector ganadero y agrario.
El diputado popular ha puesto de manifiesto que mientras la producción agrícola se ha incrementado un 11 %, "las rentas agrarias se han visto reducidas hasta en un 8,7 %" debido al incremento de los costes y a los problemas para acceder a la financiación.
Una situación a la que se suma, ha apuntado, el problema que se encuentran los profesionales para "organizar el curso anual de la explotación agrícola para hacer viable su trabajo debido a las exigencias medioambientales" que, a través de los eco regímenes, impone la nueva PAC y la nueva ley de modernización agraria de Aragón que aumenta las trabas burocráticas.
"Los agricultores van a recibir cuantías inferiores a las del periodo anterior debido a que van a verse condicionadas a una serie de prácticas que tienen que poner en marcha", ha criticado Celma, quien ha puesto como ejemplo la obligación de aprovechar los restos de la poda para hacer una cubierta vegetal, con una serie de parámetros, sin poder usar productos fitosanitarios y para lo que "se necesitan máquinas que los agricultores no tienen".
Se trata, ha dicho, de un "ejemplo claro de la dificultad que tiene cobrar las mismas cuantías por los condicionantes medioambientales".
Celma ha recordado que el sector que sostiene el territorio es la agricultura, la ganadería y la industria asociada, pero se enfrenta a una PAC que establece mayores exigencias bajo el argumento de cuidar el medio ambiente y con menos cuantías y a una ley en Aragón sin el consenso de las principales organizaciones agrarias, con mayores trabas administrativas, que impone un registro que los profesionales tienen que actualizar anualmente, nuevas medidas con más rigidez para la instalación de granjas de ganadería intensiva y trámites que aumentan los costes de gestión y que no tiene en cuenta el tipo de explotación.
Así, ha puesto como ejemplo que en el Sobrarbe hay ganaderos que "han intentado dar el paso, que se han incorporado a la ganadería intensiva, con una inversión potente y unos condicionantes concretos para unas hectáreas de pastos que ahora les dice la administración que no pueden contar para las ayudas ni en los que el ganado puede pastar".
