Aragón lidera la elaboración de un modelo de ciberseguridad en Justicia
Se prevé una inversión de casi dos millones de euros procedentes de fondos Next Generation EU.
La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón, en el marco del Plan Justicia 2030, está desarrollando un proyecto para convertir la administración de Justicia de Aragón en un entorno de alta ciberseguridad, con medidas en las que invertirá casi dos millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.
Entre ellas, medidas basadas en soluciones 'zero trust' que aseguren un correcto ciclo de vida de aplicaciones, usuarios y equipos del personal de Justicia, así como unos servicios avanzados que refuercen la seguridad en todo el entorno, según ha informado la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
La directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, ha participado este viernes en una reunión en la que se ha acordado la planificación y metodología a seguir para el desarrollo e implantación de este proyecto de ciberseguridad en Justicia.
En ella han participado técnicos del Centro Criptológico Nacional, el Servicio de Tecnologías de la Información de Justicia, la Unidad de Seguridad de la Información del Gobierno de Aragón y la entidad pública AST y representantes del Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (Cteaje) y del Consejo General del Poder Judicial.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) se creó en el 2004 y se encarga de coordinar la acción de los diferentes organismos de la administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las TIC en este ámbito, informar sobre la adquisición coordinada del material criptológico y formar al personal administrativo en esta materia.
En este sentido, Júlvez ha explicado que una de las primeras líneas de este "ambicioso proyecto de ciberseguridad" es la adecuación de los sistemas de la administración de Justicia en Aragón "a los más altos estándares de ciberseguridad del Estado español".
"Los trabajos que se van a realizar deberán concluir con un modelo que examine y determine e implante las medidas de seguridad y su adecuación a través de una Certificación de Conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), según los requisitos de seguridad y el perfil de cumplimiento definidos" y, ha explicado, una vez realizada esta certificación, "servirá de apoyo al resto de Administraciones en el ámbito de Justicia que deseen replicar el modelo".
