La DGA y Zaragoza dejan la puerta abierta a bonificar el transporte público un 20%
Lambán no descarta "en absoluto" aplicarla y estudiará el impacto antes de tomar la decisión. Teruel subvencionará su parte y Chueca anuncia que buscan soluciones al "chantaje" de Sánchez.
A pesar de las críticas a Pedro Sánchez por vincular la bonificacion del 30% al transporte público a que autonomías y municipios aporten un 20% adicional, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza buscan fórmulas para poder aplicarla. Nadie quiere entrar en el electoral 2023 con el pie cambiado, y aunque se reprocha al presidente y sus ministros que tomen decisiones sin consultar, son conscientes del daño reputacional que tendría oponerse a una iniciativa de semejante calado. Tal es así que a lo largo de la jornada se anunció a goteo las comunidades que cedían a lo que, aún ayer, se consideraba desde Aragón un "chantaje".
El presidente Javier Lambán no descarta "en absoluto" asumir el 20% para rebajar a la mitad los viajes en transporte público. Lo aseguró después de mostrarse muy crítico con los gobiernos de España, "no solo el de Sánchez", acotó, que no acostumbran a ser lo "suficientemente sensibles" a la hora de tomar medidas concretas.
El barón socialista aseguró que comparte las críticas de su consejero de Vertebración, José Luis Soro (CHA), que denunció la "improvisación" de Sánchez en el "chantaje" de exigir a las anomías parte de la financiación. Para la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, "chantaje" es una palabra "muy gruesa para calificar esa iniciativa" y reclamó a las comunidades que "se sumen al esfuerzo que la mayoría de ellas venían haciendo".
Las críticas de Lambán se centraron en el momento de formular el anuncio, que llega con un presupuesto cerrado, que, salvo sorpresa, se aprobará este jueves en las Cortes y en el que habrá que hacer modificaciones. "Aplicar una medida de esta naturaleza implica una dificultad importante", avisó el presidente de Aragón y, aunque es una medida que pilla a contrapié a ayuntamientos y comunidades, el presidente de Aragón anunció que la DGA "estudiará la situación, verá el impacto y tomará una decisión".
Respetará el Gobierno aragonés la decisión que adopten los ayuntamientos de la Comunidad, sin caer en injerencias. "No tengo ningún título para entrometerme, aparte de que creo que no me lo permitirían. Y harían bien", enfatizó.
En Zaragoza, Natalia Chueca, concejala de Movilidad, anunció que el Consistorio ya está buscando fórmulas para que el "chantaje" y el "maltrato" a las entidades locales "no tengan consecuencias" para los usuarios de los autobuses y los tranvías. "Nuestra obligación es ver cómo podemos aprovechar la subvención del 30% que ponga el Gobierno de España", dijo la edil, que no concretó cómo asumirán las arcas municipales este desembolso extra.
En Huesca, Luis Felipe anunció que se revisa cómo aplicar la bonificación y, si se aplica, se modificará la ordenanza del transporte público. Los ingresos mensuales por venta de abonos del bus rondan los 1.000 euros al mes.
El Ayuntamiento de Teruel, que dirige la popular Emma Buj, anunció que asumirá el 20% al entender que "beneficia a los turolenses en un marco económico como el actual de elevados costes".
