renovación del tc
Gimeno: “La necesaria seguridad jurídica aconseja no forzar las reglas del juego”
El catedrático de Derecho Administrativo critica la propuesta del Gobierno de reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y de los cambios en los delitos de sedición y malversación.
El catedrático de Derecho Administrativo, José María Gimeno, señala que deben respetarse instituciones como el Tribunal Constitucional, una parte fundamental del Estado de derecho, y la reforma de sus integrantes (propuesta que presentan en el Congreso de los Diputados el PSOE y Unidad Podemos) “va más allá del Poder Judicial”.
“Cualquier reforma sobre las instituciones, nuestro Estado de derecho exige consenso, sosiego, prudencia y proporcionalidad en lo relativo al Poder Judicial, más allá de los nombres que se elijan”, defiende el catedrático aragonés, desde Madrid, donde participa en unas jornadas jurídicas.
Asimismo, sostiene que “tensionar indebidamente los procedimientos normativos para las reformas aceleradas, con un objetivo político de corto plazo, erosiona de forma indebida lo que son las costuras del Estado democrático y las reglas jurídicas pactadas”.
Al modificar la fórmula sobre las mayorías para elegir a los miembros del Constitucional (proponen que no hace falta un 3/5 de votos sino que sea una mayoría simple), el catedrático considera que "los procedimientos de tramitación de las normas con rango de ley en el Parlamento no abren una puerta para cambiar cualquier cosa”.
De hecho, José María Gimeno agrega que toda ley tiene “una función normativa vinculada al contenido de la misma” y “no parece coherente con el modelo constitucional admitir cualquier tipo de enmienda a modo de carro de supermercado que permita cambiar leyes distintas”. Por eso, cree que no puede ser “forzada” la tramitación de la norma y es necesario para su aprobación las exigencias formales de “informes” y “debates” que son propios. “Esto es especialmente importante en relación a reformas que afectan a las instituciones básicas del Estado, como sin duda lo es el Poder Judicial”, agrega le catedrático de Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que está a la espera de nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo
“Además, la necesaria seguridad jurídica aconseja no forzar las reglas del juego. En este caso concreto del Poder Judicial puede tener un importante efecto reputacional de forma negativa”, señala.
Sedición y malversación
Gimeno cree que lo que pasa con el Tribunal Constitucional también sucede con la reforma del Código Penal respecto de los cambios de los delitos de sedición y malversación que ha presentado el PSOE, tras sus negociaciones con el Esquerra Republicana tras la condena de los políticos independentista de Cataluña por los actos del 1 de octubre en 2017.
“Nada impide modificar los tipos penales, pero debe percibirse una necesidad por la ciudadanía de dicha reforma y no voy a estar seguro de sus concretas consecuencias prácticas”, recalcó el jurista aragonés. “Desde luego, cualquier malversación es siempre corrupción”, señala, al comentar la propuesta de reforma de este delito con la rebaja de penas de 12 a 4 años.
