Los letrados del Congreso alertaron de problemas técnicos para la reforma del CGPJ y el TC
Hicieron diversas observaciones verbales de carácter técnico sobre la inclusión en la reforma del Código Penal de alrededor de una docena de enmiendas.
Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso alertaron a los portavoces parlamentarios de los problemas técnicos de incluir en la proposición de ley de reforma del Código Penal las enmiendas sobre el sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).
Fue en la reunión del lunes de la Ponencia previa a la reunión de la Comisión de Justicia que después aprobó la amplia reforma del Código Penal propuesta por los partidos del gobierno de coalición y que, además de los cambios en el Poder Judicial, incluye el fin del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación.
Los letrados hicieron diversas observaciones verbales de carácter técnico sobre la inclusión en la reforma del Código Penal de alrededor de una docena de enmiendas, entre ellas las presentadas por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de mayorías del CGPJ cuando elige a los magistrados del Constitucional.
Unas observaciones que la Ponencia acordó incluir en su dictamen pero que no figuran en el acta de la Comisión de Justicia celebrada después.
Según el PP, Vox y Cs, los servicios jurídicos advirtieron de la posible inconstitucionalidad de incluir las enmiendas 61 y 62 sobre el Poder Judicial, mientras que el PSOE y otros grupos señalan que solamente precisaron que no se ajustaban al contenido inicial de la proposición de ley de reforma del Código Penal.
Tanto el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, como el de Vox, Javier Ortega Smith, ya expresaron su queja en la reunión del lunes por que la Mesa, presidida por el socialista Felipe Sicilia, no atendiera las observaciones de los letrados.
Santamaría criticó que no se valorara la "antijuridicidad" de las enmiendas y Ortega Smith habló de fraude "procesal", ya que los servicios jurídicos de la Cámara alertaron, sin éxito, de que las enmiendas relativas al CGPJ y al Constitucional eran impropias de la reforma en curso.
