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Montero descarta ampliar las ayudas a Teruel en los PGE pero negocia otras mejoras para Aragón

El PSOE prevé incorporar en el Senado varias enmiendas del PAR a los presupuestos generales del próximo año

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, defiende en el Senado el proyecto de PGE 2023
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, defiende en el Senado el proyecto de PGE 2023
EFE

El Gobierno central tiene previsto aprobar en las próximas semanas su plan de fiscalidad diferenciada para las empresas que generen empleo en Teruel, Cuenca y Soria. Y lo hará, salvo sorpresa, con el planteamiento inicial, que prevé bonificar hasta el 20%de las cotizaciones por contingencias comunes de los nuevos contratos indefinidos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó este lunes mejorar su propuesta en la negociación presupuestaria que estos días tiene lugar en el Senado. En cambio, los socialistas sí prevén incorporar nuevas inversiones para Aragón, a través de las enmiendas del PAR, que contemplan partidas para las tres provincias de la Comunidad.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año superaron este lunes un nuevo trámite con el debate de los vetos a la totalidad planteados por la oposición, que fueron rechazados por el Gobierno y sus socios. Ahora se abre un periodo para las enmiendas parciales, y varias de las firmadas por el PAR podrían ver la luz.

En concreto, la formación aragonesista plantea un plan de incentivos para la movilidad eléctrica, nuevos accesos a los polígonos de Malpica y BTV de Zaragoza, más partidas para la conservación y limpieza de Ebro, así como para la restauración de la Iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán y del Castillo de Monzón. De igual modo, el PAR reclama una nueva fase del Centro de Interpretación de la Trufa de Sarrión y propone estudiar un servicio de cercanías entre Huesca y Zaragoza y un estudio informativo para el acondicionamiento de la N-260 entre Seira y El Run.

Sánchez-Garnica: "Aunque es mejorable, el presupuesto refleja las prioridades de cohesión territorial y social que reclamamos"

El senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, y la titular de la cartera de Hacienda, exhibieron complicidad. «Aunque es mejorable, el presupuesto refleja las prioridades de cohesión territorial y social que reclamamos», argumentó el aragonés para explicar su apoyo a los cuentas. Montero agradeció el respaldo y destacó avances en la Comunidad como la variante de Jaca o la convocatoria del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

Discrepancias con Teruel Existe

Por contra, la ministra se mostró «perpleja» por la decisión de Teruel Existe de no apoyar las cuentas pese a que contemplan las ayudas a las empresas de la provincia. Montero defendió la medida, que prevé bonificaciones en las cotizaciones de los contratos indefinidos nuevos de hasta el 20% si se firman en municipios de menos de mil habitantes, y del 15% para los que superen ese censo. Mientras, los ya existentes tendrán un descuento del 5%. Además, los autónomos se beneficiarán de una extensión hasta los tres años de la tarifa reducida de 80 euros para aquellos que inicien actividad.

Para el senador de Teruel Existe Joaquín Egea esta propuesta es «ridícula» por estar lejos del máximo permitido por la UE. La formación, que ya logró mejoras para la provincia por valor de 10 millones, votará en contra si no se amplían las bonificaciones.

La DGA busca en la UE dar un paso más

Tras el anuncio de la puesta en marcha de una fiscalidad diferenciada por motivos de despoblación, una medida contemplada por la UE, la DGA negocia con las instituciones comunitarias para ir un paso más allá, tal y como explicó ayer la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. «Estamos trabajando en cambiar el Reglamento europeo de las ayudas, que es superior a las Directrices a nivel normativo, para que Teruel, Cuenca y Soria pasen de zonas escasamente pobladas a muy escasamente pobladas, lo que nos equiparará por derecho a las regiones nórdicas», señaló.

Pérez respondía así a las críticas recibidas por parte de la oposición en la comparecencia solicitada por el PP para debatir sobre el alcance real de las ayudas, que muchos partidos y agentes sociales consideran insuficientes. «Las ayudas van a quedarse en torno a 18 euros de descuento al mes por trabajador, poco más de 200 euros al año, cuando podrían haberse alcanzado los 5.000 euros al año», denunció ayer en comisión el diputado popular Fernando Ledesma.

Pérez, en cambio, considera que «el PP despuebla y este Gobierno, por el contrario, intenta poner en marcha políticas públicas que den seguridad a la gente para vivir en los pueblos».

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