Los delitos sexuales contra las personas con discapacidad intelectual crecen un 15 % en Aragón
Durante el 2022, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se han incrementado en más de un 15 % respecto al año pasado.
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual sufridos por personas con discapacidad intelectual en Aragón han aumentado en 2022 en más de un 15 % respecto al año anterior, según desvelado este lunes en Zaragoza la coordinadora del área de Protección de Atades, Victoria Ledesma.
La responsable de la asociación ha aportado este dato, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la reunión anual de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) con la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, el presidente de Atades, Antonio Rodríguez, e instituciones, entidades y colegios profesionales que trabajan de manera coordinada en este ámbito.
Según Ledesma, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se han incrementado en más de un 15 % respecto al año pasado, algo que “afecta especialmente” a las mujeres, siendo el 68 % de las personas atendidas por la unidad durante 2022 de sexo femenino.
“Ahí nos encontramos con esa especial vulnerabilidad por ser mujer y por tener discapacidad”, ha apostillado la responsable del área, quien también ha informado de que la Uavdi ha atendido a lo largo del año un total de 40 casos, en los que, además de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se han registrado otros de violencia de género y doméstica y “un alto porcentaje de delitos contra el patrimonio”.
Igualmente, ha relatado que, a lo largo del año, se han utilizado en nueve ocasiones las plazas de emergencia para personas con discapacidad intelectual, un recurso que presta Atades a la víctima mientras requiera de protección en un entorno distinto al habitual en el que sufre el abuso.
Acerca de estas situaciones, ha explicado que, “en muchas ocasiones” estos delitos se ejercen “dentro del ámbito familiar”, por lo que requieren “que haya una protección posterior”, ya sea por medio de una curatela representativa o asistencial.
Sobre las cifras reveladas en el encuentro, Ledesma ha matizado que estas son “la punta del iceberg”, ya que se sabe “que hay muchísimos más”, pero se trata de “una realidad muy invisibilizada”.
“Hay delitos que se cometen también dentro de los entornos más cercanos a estas personas y, por tanto, son muy difíciles de sacar a la luz”, ha añadido.
La coordinadora ha explicado que la reunión tiene el doble objetivo de exponer el trabajo realizado por la unidad a lo largo del año, “fundamentalmente, en ese apoyo a la víctima”, y escuchar a los agentes involucrados en los procedimientos.
La Uavdi, fundada en 2015 promovida por Atades y que trabaja en colaboración con la Fundación Aragonesa Tutelar (Fundat), firmó antes del verano con la dirección general de Justicia del Gobierno de Aragón el primer convenio para la realización de actuaciones de asistencia a víctimas de delitos con discapacidad intelectual.
Entre otras cuestiones, el convenio recoge la figura del psicólogo facilitador, un profesional independiente y neutral, experto en discapacidad intelectual y psicología forense, como principal apoyo de la persona con discapacidad intelectual a lo largo del proceso policial y judicial.
Según Ledesma, esta figura permite una mayor visibilización de las necesidades especiales de adaptación en los procesos, conlleva “una reducción importantísima” de la revictimización secundaria y propicia que las sentencias lleguen a término.
Serrano ha destacado que el mensaje que se quiere transmitir a las víctimas con discapacidad intelectual y a sus familias es “que existen herramientas” como la Uavdi “que les ayudarán en todo el proceso”.
“Tenemos que seguir trabajando para que este colectivo vulnerable tenga las mismas oportunidades en el empleo, en el mundo rural y, sobre todo, tengan la protección en cuanto a una situación de abuso de violencia de género”, ha apostillado.
La Uavdi es el único recurso en Aragón especializado en atender a personas con discapacidad intelectual que han sido víctimas de algún tipo de abuso y, desde su creación en 2015, ha atendido más de 274 casos.
