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El Juzgado Militar Central archiva la investigación sobre el accidente del Yak
Consideran que el delito de desealtad que pudo cometer el juez militar de Zaragoza en la recepción de las víctimas en 2003 estaría prescrito.
El Juzgado Militar Central 1 ha archivado la denuncia presentada por el comandante Juan Manuel Molina Valdés sobre el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003, donde murieron 62 militares españoles, porque habría prescrito el delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar de Zaragoza en materia civil.
Se cuestionaba la participación del titular del Juzgado Militar Territorial 32 de Zaragoza en la recepción de las víctimas del Yak-42 el 28 de mayo al haber emitido las actas de defunción de los fallecidos. La denuncia consideraba que colaboró fuera de su demarcación en un grave delito de falsificación y emisión de informes falsos con fines delictivos.
Las diligencias previas se abrieron el pasado mes de septiembre porque el juez pudo actuar fuera de su demarcación, ya que los fallecidos llegaron a la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid) y el juzgado civil de esa localidad no intervino sobre los muertos.
El auto considera que los hechos denunciados ocurrieron hace 19 años y un mes, y la errónea y falsa identificación de treinta víctimas ya fueron enjuiciadas y penadas por sentencia firme de la sección primera de la Audiencia Nacional en 2009.
De hecho, agrega que solo sería denunciable un delito de deslealtad con una pena de cuatro a seis años de prisión y, como manifestó el fiscal jurídico militar en su informe, estaría prescrito porque han pasado diez años de los hechos.
En los antecedentes de hechos, el Juzgado Central Militar precisa que abrió las diligencias en septiembre pasado y no se admitió que lo denunciara la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap).
Además, menciona que le hicieron saber a María Asunción Agulló Canda, familiar de uno de los militares fallecidos que se interesó por la causa, que debía personarse como perjudicado, pero no respondió en los diez días hábiles que le ofrecieron. Otros familiares que consultaron al juzgado militar no han sido mencionados en el auto.
El auto del Juzgado Militar Central 1 va a ser recurrido por el comandante Juan Manuel Molina al Tribunal Central Militar al considerar que el archivo de las diligencias previas es una decisión prejuzgada sin haber llamado a declarar a nadie.
Asimismo, Juan Manuel Molina menciona que existe otra denuncia presentada por el coronel médico Enrique Ortiz Gallo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre las ilegalidades e irregularidades acontecidas en la repatriación y posterior enterramiento o incineración de las víctimas del accidente aéreo del Yak-42. De momento, esa denuncia fue enviada a la Fiscalía Anticorrupción y se reenvió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero de momento no se han realizado actuaciones.
