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Familiares de víctimas del Yak se personan en el proceso abierto en el Juzgado Militar Central
El tribunal abre la causa a los afectados por la denuncia al juez militar de Zaragoza por haber emitido las actas falsas de defunción.
Varios familiares de víctimas del Yak-42 se han personado en el proceso abierto en el Juzgado Togado Militar Central 1 por la denuncia interpuesta por el comandante de artillería en la reserva Juan Manuel Molina sobre la actuación del juez militar de Zaragoza José María Llorente Sagaseta de Ilurdoz al emitir en 2003 las actas de defunción de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía).
Esta posibilidad de los familiares como perjudicados ya la mencionó el Juzgado Togado Militar Central 1 recientemente cuando denegó su personación en la causa a la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) como acusación particular.
“Ahora les tocará nombrar a un abogado y un procurador en los próximos diez días después de haberse personado ante el Juzgado Militar Central”, apunta el comandante denunciante de la causa. De esta manera, el proceso militar avanza sobre los supuestos delitos de deslealtad militar reclamada.
En principio, las diligencias previas se han abierto porque el juez pudo actuar fuera de su demarcación ya que los fallecidos llegaron a la Base de Torrejón de Ardoz (Madrid) y el juzgado civil de esa localidad no intervino sobre los muertos.
Falsificación de la identidad de los fallecidos
El juez militar de Zaragoza, según la denuncia, emitió informes falsificados sobre la identidad de los fallecidos (30 de los 62 fallecidos no correspondían y fueron exhumados en 2004) y de esta manera colaboró en un grave delito de falsificación de actas y emisión de informes falsos con fines delictivos. Asimismo, lo acusarían por un gravísimo delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar en materia civil.
En la denuncia señala al general Javier Juliani, magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y jubilado en 2019, cuando era asesor jurídico técnico del Ministerio de Defensa, porque su actuación, al parecer, fue ordenar al juez militar de Zaragoza la actuación sobre los 62 fallecidos en Turquía.
En este sentido, el denunciante recordó que el exministro de Defensa, José Bono, ya denunció en su comparecencia en el Senado que las partidas de defunción fueron realizadas por el juzgado militar 32 de Zaragoza. También menciona un informe del general José Antonio Beltrán, quien pidió desde Turquía que un juez acudiera a Torrejón de Ardoz para recibir a los 62 cadáveres de los militares españoles.
Agrega una información de ‘El País’ donde el magistrado de guardia no aceptó la petición de la Asesoría Jurídica de Defensa al considerar que no era de su competencia y su sustituto al día siguiente, cuando llegó el avión Hércules, tampoco aceptó la petición de Defensa. Al final, el ministro Federico Trillo reclamó al Juzgado Territorial Militar 32 de Zaragoza este proceso y lo aceptó con el único apoyo de los falsos certificados de defunción del médico militar Navarro, dictó las licencias de enterramiento o incineración.
