defensa
Un tribunal militar deniega a una asociación que sea acusación en el caso del Yak-42
El Juzgado Togado Militar Central 1 abre la vía para que se personen las familias de los 62 fallecidos en el accidente en Trabzon (Turquía) en mayo de 2003.
El Juzgado Togado Militar Central 1 ha denegado a la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) su personación como acusación particular en las diligencias abiertas por la denuncia del comandante de artillería en la reserva Juan Manuel Molina sobre la actuación del juez militar de Zaragoza que emitió en 2003 las actas de defunción de los 62 militares que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 en Trabzon (Turquía).
El auto del Juzgado Togado Militar Central 1 considera que no son directamente afectados por los sucesos ocurridos en un avión ucraniano contratado por el Gobierno español para trasladar a los militares españoles que habían estado destinados en Afganistán. Su decisión va en la misma línea del informe realizado por la Fiscalía jurídico militar, que se opuso a esta personación alegando unas sentencias del Tribunal Constitucional porque no hay la consagración explícita de la acción popular para esta asociación al no haber una afección directa.
De hecho, la decisión judicial abre la posibilidad de que “los perjudicados podrán mostrarse parte en el procedimiento” y “se les hará ofrecimiento de acciones”, como determinó una sentencia del Constitucional de 2004 y se refiere a las familias de los militares fallecidos.
Varias familiares de las víctimas del Yak se han interesado con el proceso abierto por el comandante Juan Manuel Molina, que es investigador militar operativo, y podrían personarse en la denuncia como acusación particular. En total le han escrito ocho familiares, entre cuatro hermanos, dos hijas, dos viudas y un hijo.
De hecho, han recibido ya la copia de escrito de personación como perjudicado y podrían enviarlo individualmente al Juzgado Togado Militar Central 1.
El auto de apertura de estas diligencias incluyó que el denunciante considera que el juez militar de Zaragoza colaboró fuera de su demarcación (cuando los fallecidos llegaron en un avión Hércules a la Base de Torrejón de Ardoz, en Madrid) y pudo cometer un delito de falsificación de actas y emisión de informes falsos con fines delictivos. En este sentido, en la denuncia considera que pudo cometer “el delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar en materia civil”.
