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El Ayuntamiento de Madrid recupera todos los nombres de víctimas del Yak en un monolito

Lo inauguró el alcalde José Luis Martínez-Almeida en enero de 2022 y, ocho meses después, incluyen a tres víctimas olvidadas del accidente del avión militar en Turquía donde murieron 62 militares españoles. 

Monumento del Yak-42 en Madrid.
Monumento del Yak-42 en Madrid.
Enrique Cidoncha

El Ayuntamiento de Madrid ha recuperado todos los nombres de los 62 militares españoles víctimas del accidente del Yak-42 para un monolito inaugurado hace ocho meses en el parque Oeste de la capital de España por el suceso ocurrido en mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), cuando regresaban en un avión ucraniano de su intervención en Afganistán.

Los nombres del subteniente Pedro Rodríguez Álvarez y los brigadas Sergio López Saz y Juan Antonio Tornero Ródenas, fallecidos en el siniestro, no aparecían en el monumento que fue inaugurado el 14 de enero y sus familiares reclamaron al quedar “muy sorprendidos” por la ausencia de estos militares.

Después de las reclamaciones, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a incluirlos en el monolito y esta semana las familias han recibido una llamada en la que se les confirma la mofificación del listado de las víctimas para que aparecieran los 62.

Andrea Levy, durante una comparecencia ante los medios.
La concejal del PP Andrea Levy, durante una comparecencia ante los medios.
Rodrigo Jiménez/EFE

La concejal del PP Andrea Levy Soler, delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte y portavoz del Grupo Popular, les ha remitido una carta para informarles de la incorporación de las tres víctimas ausentes de ese trágico accidente aéreo. En la misiva, les detalla que no se incluyó en un inicio en la placa “el nombre de su familiar” porque no disponían del “permiso” de la familia que autorizase su inclusión.

“Una vez recabados los permisos de los familiares de los tres militares que no habían sido incluidos en la placa y, a petición suya, se ha procedido a sustituir por una nueva donde se completa todo el listado de víctimas”, detalla la concejala en las tres cartas remitidas a las familias.

David González, Jacoba Paredes, Abilio Saz y María Pilar López, padres de dos sargentos muertos en el Yak, en el Memorial de Zaragoza.
David González, Jacoba Paredes, Abilio López y María Pilar Saz, padres de dos sargentos muertos en el Yak, en el Memorial de Zaragoza.
O. D.

A María Saz, madre del brigada zaragozano Sergio López Saz, de 42 años, le llegó la carta y fue una buena noticia porque ella fue la primera que se enteró de la ausencia de su hijo en el monolito gracias a un amigo de su hija que acudió al monumento recién inaugurado. “¿Sabes que no sale Sergio y otros dos víctimas más?”, le comentó.

La fórmula para comunicarlo que habían utilizado fue un correo electrónico en 2017 (la propuesta fue de la alcaldesa Manuel Carmena) para que comentaran su voluntad de incluirlos. 

Cuando llamé a los del Ayuntamiento de Madrid les dije que si hacía falta lo pagaría yo para que lo incluyeran porque hubo una persona que me comentó que no iban a cambiar el monolito porque suponía aumentar el presupuesto”, señaló María Saz, madre de una de las tres víctimas eludidas, a cuyas familias (Pilar Ruiz, una riojana viuda del brigada Pedro Rodríguez del Ala 31, y los del brigada Juan Antonio Tornero) comunicó esta ausencia. “Luego hablé con la jefa de Patrimonio Cultural y me comentó que esto se podía arreglar. Por fin, esta semana ya he visto que han hecho el cambio”.

Por su parte, la concejal del PP Andrea Levy concluye en su misiva: “Espero y deseo que ese homenaje contribuya a las generaciones futuras sepan, recuerden y no olviden, que echaremos de menos a todos aquellos que cumpliendo con su deber dejaron sus vidas y perecieron para siempre, excepto en nuestro recuerdo”.

Ampliación de la denuncia en el tribunal militar 

Respecto a la denuncia presentada ante el Juzgado Togado Militar Central número 1 contra el juez militar de Zaragoza que emitió en 2003 las actas de defunción de los militares que fallecieron en el accidente del Yak-42, el abogado de la acusación aporta más información sobre la intervención en esos hechos el general jurídico Javier Juliani Hernán. Su participación se produjo al fracasar en el intento de que los jueces de Torrejón de Ardoz (a cuya base aérea fueron trasladados en un avión militar los fallecidos desde Turquía) emitieran las partidas y registraran a las víctimas en el Registro Civil.

De hecho, el letrado Juan Manuel Molina se basa en el informe realizado por el general Beltrán e incluye en la ampliación que los jueces de Torrejón de Ardoz “hicieron dejación de funciones al inhibirse y no denunciar el ilícito que permitieron que se ejecutara por otras vías ilícitas” en la recepción de las 62 víctimas el Juzgado Militar número 32 de Zaragoza.

Asimismo, incide en que la comparecencia del ministro José Bono en el Congreso de los Diputados el 7 de julio de 2004 se detectó que dicho juez togado militar de Zaragoza participó en la emisión de partidas de defunción falsas para agilizar la entrega a servicios funerarios, dispersión de las víctimas en las localidades de origen de fallecidos asignados al azar. Además, agregó que intervino en “dispersar, inhumar o cremar los cuerpos, llevando a engaño a los familiares de las víctimas”.

En la denuncia ampliada se incluye que se produjo “la ausencia de la investigación administrativa que era preceptiva”, pero eso no supone poder “eximir” de responsabilidades disciplinarias ni penales a ninguna de las autoridades. Agrega que tanto el Jefe de Estado Mayor de la Defensa que estaba durante el suceso y los sucesivos que no abrieron investigación “son sospechosos de dejación de funciones, con el fin de dejar pasar el tiempo y que prescriban los posibles delitos militares”.

Al final, aportan la comprobación de que el general Juliani Hernán fue mantenido en su puesto por el ministro de Defensa, Federico Trillo, “a pesar de conocer las irregularidades en que estaba incurso en el fraude de la dispersión de las víctimas”. También ha sido miembro de la Sala Quinta o de lo Militar del Tribunal Supremo hasta su jubilación.

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