Una "reforma estructural" del sistema de financiación autonómica en la que se deje claro que el Gobierno central se hace cargo de los mínimos del Estado del bienestar, especialmente en educación, sanidad y servicios sociales, a través de los presupuestos generales. Este es el planteamiento que defendieron ayer los cuatro juristas y expertos que participaron en la mesa coloquio sobre ‘Situación jurídica actual, retos y perspectivas de futuro de la realidad autonómica aragonesa’, que se celebró en la Sala Corona del Edificio Pignatelli en el marco de la jornada ‘El futuro de Aragón tras 40 años de autogobierno’ organizada por la DGA.

La profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza Eva Sáenz defendió ir más allá de la "reforma coyuntural" que se plantea actualmente. "Lo que se está discutiendo es qué hacer con los criterios de población ajustada. Priorizar la dispersión es muy importante, es fruto de la negociación política y siempre va a estar allí", dijo. Cuestionó la "falta de transparencia" tanto respecto al "origen" de los fondos como a su "reparto".

Una postura a la que se sumó Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y exmagistrado del Tribunal Constitucional. Añadió que para no generar "ningún tipo de discriminación económica y social" entre las comunidades, también habrá que "reajustar la concepción de cupo", sin que ello suponga "acabar con el sistema de conciertos". En su intervención, Aragón se mostró muy crítico con la actuación del Estado central durante la pandemia porque endosó "a las comunidades la adopción de unas medidas para las que no tenían habilitación legal" lo que ha provocado, dijo, "resoluciones judiciales contradictorias". "Se encubrió como coordinación lo que el Estado debía haber realizado como legislación básica", afirmó

Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo del campus público y presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, defendió que para luchar contra la despoblación hay que reformar el mapa municipal. "No quiero que desaparezcan los pueblos, pero hay que reunirlos para que tengan la fuerza suficiente", apuntó, sabedor de que su propuesta es "polémica". "Es algo pendiente en el territorio, además seríamos líderes en una opción pionera que podrían adoptar Galicia, Cataluña, País Vasco o Navarra", aseguró.

La charla contó también con la presencia de María del Carmen Bayod, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Subrayó la necesidad de que la Comunidad desarrolle su potestad legislativa con "templanza, tranquilidad y método". La mesa estuvo moderada por José Javier Rueda, adjunto a la dirección para opinión de HERALDO y profesor asociado de Derecho Constitucional del campus público.

Oliver Duch

"Afinar bien" en la bilateralidad

El vicepresidente y consejero de Industria de la DGA, Arturo Aliaga, inauguró la jornada. Señaló como retos en el desarrollo del autogobierno, la transferencia de las competencias pendientes de recibir, precisó que faltan 22, y "afinar bien" en la bilateralidad con el Estado.

Entre otros desafíos apuntó también "reforzar" el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que hace referencia al acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, y "participar más en los Presupuestos Generales del Estado". Asimismo, pidió que llegue a Aragón el proceso de descentralización de instituciones y organismos del Estado. Reconoció que la pandemia, la guerra y la crisis energética "han ralentizado muchas de las cuestiones referidas a estos avances".

Un segundo coloquio sobre ‘El valor de Aragón: una visión caleidoscópica’, se desarrolló por la tarde con la intervención del escritor y periodista, Sergio del Molino; el investigador Araid, Alberto Jiménez Schuhmacher; el licenciado en Filología Hispánica, César Bona y la presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Yolanda Gilabarte. Estuvo moderada por Encarna Samitier, directora de ‘20 Minutos’.