La fábrica de Opel Figueruelas, propiedad de Stellantis, llegó a contar en el año 2000 con 10.000 trabajadores mientras que ahora tiene poco más de 5.000. Es la denuncia que hizo ayer el sindicato Stopel, con tres delegados en el comité de empresa de Opel desde las anteriores elecciones sindicales en 2018 y que quiere incrementar su representación en las de este año que se celebrarán el próximo 27 de octubre. 

En plena campaña electoral desde este pasado viernes, el sindicato, aunque aplaude la llegada de un nuevo modelo eléctrico a la planta, previsiblemente el Peugeot 208, habla del riesgo que para el empleo en las fábricas puede suponer la implantación de la electromovilidad y anticipan que cuando este año acabe el ERTE en vigor, la plantilla de Stellantis podría  situarse en solo 3.900 personas en 2024. También, explicaron los representantes de Stopel, "han continuado en 2022 las pérdidas de turnos y la producción en el primer semestre ha caído un 3%". 

Este sindicado criticó también la connivencia entre la dirección de la empresa y los sindicatos CC. OO. y UGT, como se puso de manifiesto, dicen, en la reunión mantenida el pasado viernes con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que se vetó la presencia de Stopel y de otros sindicatos no firmantes del acuerdo. 

El sindicato reclama  además de más carga de trabajo, "un nuevo modelo productivo que cuide de los trabajadores como el mayor activo" y para ello "pide a las instituciones públicas que condicionen las numerosas ayudas directas e indirectas a las marcas para mantener la producción en la fábricas, a unas condiciones laborales dignas no solo en los contructores de coches sino en todas las empresas auxiliares",  al "haberse demostrado que la deslocalización es una de las causas de los problemas que padece el sector automovilístico".

Opel España obtuvo en 2021, en su primer año como parte de la nueva sociedad Stellantis, unos beneficios de 62 millones de euros, el 90% más que el año anterior, pese a que la producción cayó un 14% y la cifra de coches salida de la cadena, 321.000, es la más baja en siete años. Esta paradoja se explica porque la plantilla no ha dejado de reducirse, los trabajadores han perdido primas y complementos y se han empeorado sus condiciones laborales. Como muestra, desde 2018 los salarios ni siquiera se han actualizado con el IPC.

La pandemia sanitaria y la actual crisis, señalan desde Stopel, han servido además para rebajar más aún las condiciones de los empleados (aumento de la contratación precaria, mayores ritmos de trabajo,…) La búsqueda de la empresa de cada vez mayores beneficios también se refleja, según el sindicato aragonés, en el deterioro de la seguridad y la higiene laboral. “Nos obligan a trabajar en condiciones inhumanas, a más de 30 grados, y hay sitios como los servicios y vestuarios mugrientos, en los que la higiene brilla por su ausencia total”.

Stopel recalca que el futuro del sector automovilístico en España no puede basarse en un modelo de trabajadores precarios y a plena disponibilidad.

Frente a este “chantaje”, Stopel exige un mayor control del dinero público para mantener un sector industrial puntero, centrado en los vehículos de gama alta, y con empleo de calidad. Una cuestión que resalta como prioritaria, ante los radicales cambios que van a suponer la producción exclusiva de vehículos eléctricos a partir de 2028. Según algunas estimaciones, necesitarán, advierten, un 25% menos de personal “por lo que las ayudas para la reconversión deben pasar por los trabajadores”.

Las previsiones, todavía sin confirmación oficial por la empresa, dijeron desde Stopel, son que la factoría zaragozana seguirá concentrando la producción del Opel Corsa, pero que en 2023 se trasladará a Eslovaquia la del Opel Crossland y la del Citroën C3 Aircross. Con solo el anuncio, sin más, de un nuevo modelo eléctrico, se apuntan como sustitutos, el Peugeot e-228 y el Lancia Ypsilon, pero con incógnitas sobre qué versiones, con qué volumen de trabajo y su éxito comercial.

Stopel abundó en que en los últimos tres años, el Gobierno de Aragón "haya concedido 12 millones de ayudas a fondo perdido, 4 millones por ejercicio, a Opel para sus proyectos empresariales sin ninguna exigencia de mantenimiento de empleo". También han resaltado el reciente anuncio de que  habrá una “mejora sustancial” en las ayudas a la compañía para la transformación hacia la electromovilidad de los fondos europeos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). La primera cifra anunciada, que podría aumentarse, es que el fabricante y sus socios recibirán 42,47 millones, “un dinero que debe ser supervisado escrupulosamente, ya que solo el máximo responsable de la empresa, Carlos Tavares, cobró el año pasado un total superior a esa cantidad, señalan desde Stopel.

Los sindicalistas de STOPEL han recordado que justo ahora la factoría de Figueruelas cumple 40 años, ya que la inauguración oficial, con el primer vehículo saliendo de la cadena de montaje, se celebró el 5 de noviembre de 1982 y han incidido en que se trata de una fecha “con muy poco que celebrar cuando se ha impuesto un modelo productivo de contratos basura y chantaje”.

DE CASI 10.000 TRABAJADORES EN EL AÑO 2000, A POSIBLEMENTE CERCA DE 3.900 TRABAJADORES EN 2024

La fábrica, que llegó a contar en el año 2000 con 10.000 trabajadores, tiene ahora una plantilla de 5.000, que aún pueden reducirse cuando este año acabe el ERTE en vigor y situarse en 3.900 en 2024. También han continuado en 2022 las pérdidas de turnos y la producción en el primer semestre ha caído un 3%. El sindicato independiente denuncia la connivencia entre la dirección de la empresa y los representantes de CCOO y UGT, como se puso de manifiesto en la reunión mantenida el pasado viernes con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que se vetó la presencia de STOPEL.

El Sindicato de Trabajadores de Opel ha recordado que este mismo mes el CEO de Opel, Florian Huettl, visitó la planta de Stellantis y elogió a la plantilla por su capacidad y fiabilidad, pero ha considerado “indignante” que estas declaraciones vayan acompañadas de una política de ataque continuo a los derechos de los empleados, por lo que han recalcado la importancia de que en las elecciones del próximo 27 de octubre “tengamos la fuerza para hacer frente a esta situación y que el automóvil siga siendo un sector de futuro para Aragón”.