La atención a refugiados ucranianos obliga a las entidades sociales aragonesas a duplicar las plazas
No descartan que este invierno repunte la llegada de desplazados desde este país y otros limítrofes, La ampliación del programa se mantendrá y las oenegés suscribirán un concierto con el Ministerio
La atención a refugiados ucranianos ha llevado a las entidades sociales aragonesas que gestionan el sistema de protección internacional y asilo, dependiente del Ministerio de Inclusión, a duplicar las plazas existentes en la Comunidad. Una ampliación que en buena parte se va a mantener en el futuro. Además, en 2023 las organizaciones suscribirán con el Gobierno central un concierto para cuatro años para financiar este programa, en lugar de las subvenciones anuales que venían recibiendo. Con este instrumento financiero se quiere favorecer su estabilidad y continuidad.
Los recursos de emergencia para los ucranianos que huían de la guerra ya no existen como tal desde principios de septiembre. Las familias que los ocupaban han pasado a otras fases del plan en las que llevan a cabo una búsqueda más activa de empleo o viven de forma más independiente si se lo permite su conocimiento del español y tienen un trabajo. Accem era la única que contaba con dispositivos de primera acogida o fase cero de evaluación y derivación, que es la puerta de entrada al sistema en la que primero se atiende a los solicitantes de asilo antes de buscarles un acomodo más estable. Ahora se han sumado Cruz Roja y Fundación Cepaim.
Cruz Roja pasará a contar con 80 plazas de primera acogida, 35 en la provincia de Huesca, 30 en la de Zaragoza y 15 en la de Teruel, detalla Beatriz Larraz, coordinadora autonómica del programa. A ellas se suman las de las otras dos etapas del itinerario: acogida (fase 1) y autonomía (fase 2) que superan las 400.
Cepaim dispondrá de un centenar en la capital aragonesa, en los últimos meses ha contado con 60 de urgencia para ucranianos, y de 54 en Teruel. "Aunque sobre el papel los solicitantes de asilo solo pueden estar un máximo de un mes en estos recursos a la hora de la verdad es más tiempo. En Zaragoza prácticamente vamos a duplicar la plantilla, de 20 a 40 profesionales, con más profesores de español, psicólogos, abogados y otros perfiles", explica Pilar Bernadó, coordinadora de Cepaim. La entidad ya contaba con unas 104 en la fase 1 (42 en Zaragoza, 36 en Teruel y 26 en Barbastro).
"Con las plazas que se han generado por la guerra de Ucrania vamos a duplicar las disponibles para personas de todas las nacionalidades. Era necesario, porque el sistema estaba colapsado", apunta Patricia Urzola, la directora de la Fundación Apip-Acam. Esta entidad no contará con la fase de primera acogida, pero dispone de 562 en las otras dos: 290 entre Zaragoza y María de Huerva, 206 entre Huesca y Monflorite y 66 en Jaca. YMCA es una de las nuevas organizaciones que a raíz de la guerra de Ucrania se ha acreditado para gestionar el programa de asilo para cerca de 40 personas en la capital aragonesa.
La responsable en Aragón de Accem, Julia Ortega, calcula que las cerca de 590 plazas que llegaron a abrir para una primera acogida se van a reducir un 33%, pero al final serán más de las que disponía antes de la guerra de Ucrania. La presencia de refugiados ucranianos, dice, "se ha parado, aunque hay ciertas oscilaciones de familias que llegan derivadas de otros sitios o que estaban en hogares de particulares y deciden entrar en el sistema".
No descarta que con el recrudecimiento del conflicto y el invierno repunte la llegada tanto desde el propio país como desde los limítrofes. De momento lo que no se ha detectado es la llegada de rusos que huyen del reclutamiento de Putin.
Desde el comienzo de la invasión, en Aragón se han concedido 3.325 resoluciones de protección temporal a ucranianos. Mientras, prosigue la llegada de refugiados de otros países, principalmente de Siria, Mali, Marruecos, Afganistán, Colombia y Venezuela.
Ayuda de 400 euros del Ministerio
Las organizaciones esperan como agua de mayo que se haga realidad la ayuda de 400 euros al mes durante un año para refugiados ucranianos que están fuera del sistema de acogida y que disponen de escasos recursos económicos. Esta renta social, que se complementa con 100 euros por menor, la aprobó el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto y está pendiente de que se concrete cómo se va a articular el pago.
"Hay un elevado grado de indeterminación por parte de las propuestas del Gobierno central a las autonomías", opina la responsable territorial de Accem. Aragón recibirá 1.561.824 euros y la medida podría beneficiar a unas 380 familias y 1.100 personas.
De momento, no hay ningún plazo para su puesta en marcha. Desde el Departamento de Ciudadanía reiteran que se está "ultimando con el Ministerio la gestión administrativa". La portavoz de Accem también reprocha que tampoco se han llevado a la práctica otras medidas como "el trámite de la homologación exprés para los temas de formación", lo que perjudica la integración laboral de este colectivo.
