La jueza del fuego de Ateca aún no ha citado a los investigados

Tras las pesquisas, los agentes llegaron a la conclusión de que fue una grave imprudencia durante las labores de reforestación.

Detalle de los restos de la muralla islámica.
Detalle de los restos de la muralla islámica.
Macipe

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, es la encargada de investigar el incendio que arrasó 14.000 hectáreas de monte y cultivos en Ateca y otros diez términos municipales de la comarca de la Comunidad de Calatayud. De ahí que fuera ella la destinataria del primer informe sobre las posibles causas del fuego, elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y remitido en agosto.

Tras una serie de pesquisas, los agentes llegaron a la conclusión de que fue una grave imprudencia durante las labores de reforestación que se ejecutaban en la zona la que provocó las llamas. El Seprona señalaba ya entonces a cinco personas como presuntas responsables. Se trata de Gaspar C. S., Carlos C. R., Alberto C. R., Leyre V. R. y Francisco P. B. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido citada todavía a declarar en sede judicial por estos hechos. Los señalados por la Guardia Civil son el conductor de la pala-excavadora o retro-araña que provocó la chispa inicial y su encargado. Pero también tres empleados de la empresa Land Life, encargada del proyecto de reforestación.

Según ha podido saber HERALDO, hasta la fecha la jueza ha aceptado la personación como acusación particular de cinco perjudicados. Se trata de la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Moros, la Sociedad Agraria de Transformación Manubles, de la misma localidad y dedicada al comercio de frutas y hortalizas, la organización Aguaiuris, y un agricultor de Ateca al que el fuego calcinó 45 de las 70 hectáreas que tenía sembradas de trigo y esparceta en el Montecillo. Pero es posible que haya más, ya que la Asociación Raíces y Brotes de Monegrillo, que aglutina a muchos de los perjudicados, ha pedido la colaboración desinteresada de los miembros del Colegio de Abogados de Zaragoza para defender sus intereses.

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