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“La prisión no es el lugar adecuado para abordar la enfermedad mental”
Varias asociaciones que velan por los reclusos que padecen alguna enfermedad mental y adicciones denuncian al Defensor del Pueblo la desatención de estos presos en las cárceles españolas.
El caso de un joven enfermo mental de 19 años que intentó degollar a otro preso en la cárcel de Daroca la semana pasada y su posterior traslado al Psiquiátrico por una medida de seguridad de otra causa para que sea atendido por especialistas ha levantado la polémica sobre si la Secretaría de Instituciones Penitenciarias dispone de plazas suficientes en España para atender a internos con estas patologías, con dos pequeñas cárceles psiquiátricas (una en Sevilla y otra en Fontcalent, Valencia) que tienen una capacidad para 50 internos.
Aunque a finales del siglo XX se cerraron los manicomios en España, el Ministerio del Interior prepara un macropsiquiátrico penitenciario que acogerá a 500 internos y estará ubicado en Siete Aguas (Valencia). Mientras tanto, casos como el joven de origen ruso que agredió a un compañero en el patio de la cárcel de Daroca se tienen que atender en un psiquiátrico del Gobierno de Aragón.
Cuatro asociaciones (Katearen Loturak de Guipúzcoa, Salhaketa Araba en Álava, Afapd Barcelona y Aspadif en Ibiza-Formentera) relacionadas con las personas con patología dual (se denomina así el cuadro médico que presentan las personas que sufren alguna adicción y una enfermedad mental) que se encuentran en prisión y algunos de los familiares de estos reclusos que cumplen sus penas en las cárceles de Aragón han remitido un escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para reclamar el tratamiento de estos internos fuera de las prisiones.
La asociación Petales de Aragón también ha apoyado a familiares de estos enfermos que están presos y han reclamado, con firmas presentadas al Defensor del Pueblo, una atención psiquiátrica más acorde con su problema.
“La salud mental siempre ha sido considerada la hermana pobre de la sanidad, y la adicción, la marginada. Cuando se juntan ambas (salud mental más adicción) estamos ante una patología dual: la gran olvidada y desconocida”, reclaman los miembros de estas asociaciones. “Todos sabemos que la patología dual exige una capacidad de adaptación muy importante y la implicación de varios ámbitos asistenciales. Por eso, entendemos que la prisión no es el recurso adecuado para su abordaje”.
Estas asociaciones mencionan a la psiquiatra Nora Volkow, directora del instituto nacional sobre el abuso de drogas en Estados Unidos y experta en adicciones, quien proclama: “Menos cárceles y más centros médicos”.
Estas asociaciones consideran que entre los perfiles de estos presos a los que se les aplica el Protocolo de Aplicación del programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en centros penitenciarios (PAIEM) les llega “el estrés, que la propia prisión genera”. Agregan que hay mayor dificultad para abordar las “demandas ambientales” al no tener herramientas en las prisiones y que los problemas de comportamiento que sufren “llevan a estas personas a ser castigadas por la comisión de delitos cometidos por no tener los tratamientos adecuados a su patología dual”.
En su escrito al Defensor del Pueblo, inciden en que estos presos con enfermedad mental sufren déficit en sus habilidades y capacidades para manejarse autónomamente y necesitan terapias biopsicosociales complementarias. Asimismo, presentan una mayor dificultad para relacionarse adecuadamente, pierden las redes sociales y tienen una dependencia muy elevada que no pueden atender en un centro penitenciario.
“Entre los ámbitos de la atención a la salud mental, las personas internas en los centros penitenciarios padecen una situación de cuasi abandono”, denuncian estas asociaciones. De hecho, agregan que los datos recogidos sobre la población con patología dual muestran que se está incrementando exponencialmente.
Los problemas que enumeran en su escrito son los suicidios, las autolesiones, más castigos por comportamientos inadecuados (como ha ocurrido en la prisión de Daroca), y los aislamientos prolongados que suelen ser contraproducentes.
“No podemos olvidar que la patología dual no solo no desaparece, sino que se agrava en prisión”, sostienen desde estas asociaciones. Creen que la clave radica en una coordinación entre la administración sanitaria (que es de las comunidades autónomas) y la administración penitenciaria (dependiente del Gobierno central).
Concluyen que si el objetivo general de la salud mental del sistema nacional 2022-2026 es mejorarlo en todos los ámbitos, necesitan el apoyo a las familias y la promoción de un modelo de atención integral a nivel comunitario como penitenciario para posibilitar la recuperación de los enfermos mentales y su inclusión social.
