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La licencia de la residencia de jóvenes del Actur agrava la crisis entre la DGA y el Ayuntamiento

Soro acusa a Urbanismo de bloquear y saca una orden sujeta a la ley urbanística para sortear el permiso municipal. Serrano niega la parálisis y autoriza solo mover tierras tras negar el visto bueno al proyecto "por no ajustarse" al Plan General.

Recreación de la residencia juvenil del Actur
Recreación de la residencia juvenil del Actur
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La crisis abierta entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta del estadio de La Romareda se ha agravado por el bloqueo de la licencia municipal para la residencia de jóvenes que impulsa la DGA en la avenida de los Pirineos (Actur). El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha acusado este viernes al equipo municipal de retrasar y poner trabas al proyecto tras cinco meses a la espera del permiso municipal, por lo que le comunicó que iniciaba el procedimiento para sortearlo, una potestad recogida en la Ley Urbanística de Aragón (LUA).

Soro firmó la orden este miércoles, justo el mismo día en que saltó la polémica sobre el estadio al negarse la DGA a que el edil de Urbanismo, Víctor Serrano, fuera el interlocutor de la candidatura de Zaragoza para ser una de las sedes del Mundial 2030, confirmado por la Federación de Fútbol. El consejero ha negado que hubiera relación entre los dos conflictos y subrayó que actúa porque su paciencia se ha "agotado" tras cinco meses a la espera de la licencia para la residencia.

Ha recordado, como recoge en su orden, que licitó la concesión tras obtener en marzo de 2021 un informe municipal de Planeamiento que avaló la construcción de una residencia con 336 estudios para jóvenes sobre una parcela para equipamientos. Además, sostuvo que es "el mismo modelo" que el de los 80 pisos tutelados del Ayuntamiento en Las Fuentes, cuyo proyecto también recoge servicios abiertos al barrio.

Por ello, Soro ha cuestionado que el concesionario se encontrara en febrero con trabas al tramitar la licencia pese a que el Plan General recoge que estos equipamientos deben incluir "obligatoriamente servicios comunes para facilitar la relación social y el ocio". La gota que colmó el vaso, a juicio del consejero, fue el último escrito del servicio de Licencias, del día 14, en el que señala, en contradicción con el informe de marzo, que "el uso descrito en el proyecto como residencial público no se ajusta al Plan General", al igual que "no resultan admisibles" las denominadas zonas comunes (el ‘coworking’, la cafetería o el gimnasio incluidos) por no ser propias del equipamiento asistencial.

Ante esta situación, firmó el miércoles y comunicó este viernes al Ayuntamiento la orden por la que inicia el procedimiento para aplicar el artículo 240 de la LUA, por el que puede tramitar un proyecto pese a que haya una disconformidad en el planeamiento "ante el excepcional interés público y la urgente necesidad" de dar solución a la demanda de vivienda.

El Ayuntamiento tendrá ahora un mes para responder y si sigue sosteniendo que la residencia no es compatible con el PGOU, Vertebración elevará el expediente al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Provincial de Urbanismo. "Y podrá decidir ejecutar la obra de forma inmediata, es decir, a más tardar en septiembre u octubre", ha esgrimido.

La respuesta municipal no se ha hecho esperar y, solo unas horas después de recibir la comunicación, el coordinador de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, firmaba una licencia para autorizar al menos el movimiento de tierras y la excavación a la concesionaria de la residencia, Aloha Pirineos.

El edil de Urbanismo, Víctor Serrano, ha negado la parálisis y, al igual que Abadía, ha subrayado a este diario que si la concesionara subsana la imposibilidad de abrir los servicios comunes al público, con excepción de la cafetería, en "24 horas" concederían el permiso de obras. Serrano habló de «colaboración» y argumentó que desde que comenzó la tramitación del expediente han hecho 7 notificaciones al promotor «para que el expediente avance».

El PSOE municipal ha terciado en la polémica al exigir explicaciones y exponer sus dudas jurídicas sobre la potestad de Abadía para dar una licencia que corresponde al Consejo de Gerencia y cuya competencia, solo en agosto, ha cedido el Gobierno municipal a Serrano. 

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