Aragón
Jóvenes migrantes extutelados en Aragón: "Lloraba de rabia cuando por la ley no podía aceptar un trabajo"
La reforma de la ley de extranjería aprobada en octubre del año pasado ha cambiado la vida de Ana Samayor y Ferdaouss Rafya, que trabajan y estudian a la vez.
"Me desesperaba y lloraba de rabia cuando por la ley no podía aceptar un trabajo que me ofrecían después de hacer las prácticas. Es importante para mí tener algún ingreso, siento que puedo vivir por mí misma y voy por buen camino". Lo cuenta Ana Samayor, nicaragüense de 21 años que estuvo tutelada por la DGA y ahora comparte un piso bajo la supervisión de la Fundación Federico Ozanam. Estudia cocina en la Escuela de Hostelería Topi de Zaragoza y desde febrero trabaja legalmente los fines de semana en un restaurante. Este verano estará empleada toda la semana.
Un sueño hecho realidad gracias a la reforma del decreto de la ley de extranjería que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 19 de octubre de 2021. Permite que los menores tutelados por las comunidades puedan acceder al permiso de trabajo al cumplir 16 años.
Una medida que les pone al mismo nivel que los chavales con pasaporte español y evita que se vean abocados a la irregularidad y la exclusión una vez alcanzan la mayoría de edad. Uno de los cambios principales es que antes necesitaban para emplearse aportar un contrato de un año a jornada completa y ahora no.
Medio año después, el balance es que ya ha mejorado la vida de más de un centenar de jóvenes en la Comunidad. No hay cifras oficiales de beneficiarios. En estos momentos, según datos del Departamento de Ciudadanía, hay 226 jóvenes que siendo menores de edad estuvieron bajo protección del Gobierno aragonés y siguen siendo atendidos en los programas de transición a la vida independiente del Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia. De ellos, al menos la mitad son extranjeros. Según las organizaciones que acompañan a estos chavales en su emancipación, como las fundaciones para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (Fepas) y Federico Ozanam, la mayoría están accediendo al mercado laboral a la vez que siguen formándose.
Samayor no responde al prototipo de menor migrante al que se piensa va dirigida esta reforma de la ley extranjería. Ella llegó con su familia a España cuando tenía 9 años y con 15 pasó a ser tutelada por la DGA. Su idea es seguir en las aulas de Topi otro año más y acceder a cursar un grado medio en las escuelas de hostelería de Huesca o Teruel. "Dentro de dos años espero poder vivir completamente independiente", desea.
Tampoco pertenece al perfil de mena (menores extranjeros no acompañados) Ferdaouss Rafya, una chica marroquí de 20 años, que acaba de terminar una FP básica de panadería y repostería en el centro Concepción Arenal, además de un curso de camarero de sala, y trabaja los fines de semana en un restaurante italiano.
Para ella tramitó la primera habilitación para trabajar tras la reforma la Fundación Federico Ozanam. Se solicitó en noviembre de 2021 y se resolvió favorablemente el pasado enero con una duración de dos años. "Para mí es un descanso saber que ya tengo permiso para trabajar dos años, porque antes era imposible renovarlo con todo lo que se pedía", subraya Rafya. "Quiero seguir estudiando mientras pueda", asegura. Está esperando si tiene plaza en un grado medio de Enfermería pero no se cierra ninguna puerta. La cara se le ilumina cuando habla de llegar a la Universidad y hacer Educación Infantil.
Su madre la trajo a España cuando tenía 15 años, la dejó a cargo de un familiar y a los 16 pasó a estar bajo la tutela del Gobierno aragonés. "Hoy mis educadores son mi familia, necesito todavía el apoyo emocional y la confianza que me dan", recalca.
"Solo quiero ayudar a los míos"
Younes Trobado, que en septiembre cumplirá 20 años, llegó en patera a Algeciras con 16 años después de pasar en Tánger un mes e intentarlo "cinco o seis veces". A los 18 años dejó el centro de menores de la localidad gaditana porque allí no veía ninguna posibilidad de futuro y terminó "viviendo en la calle en Barcelona", hasta que "unos amigos me dijeron que viniera a Zaragoza, que aquí podría estudiar". Ya lleva más de 3.000 horas de formación y de prácticas en todos los cursos que se han puesto a su alcance. Desde hace dos años comparte piso con otros muchachos y se prepara para independizarse con la ayuda de la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social.
Ha sentido la "frustración" de tener sobre la mesa contratos para algunos meses en las tres empresas en las que ha hecho prácticas de pescadería, pastelería y cocina, y no poder firmarlos por los requisitos que exigía la ley de extranjería. Estos días apenas tiene tiempo libre entre las clases de la mañana y el turno de tarde en un restaurante de Cariñena. "Ahora solo quiero continuar trabajando y ayudar a los míos que siguen en Marruecos, mis padres y mis tres hermanos. No quiero que ellos tengan que pasar lo mismo que yo", cuenta. Un día le gustaría abrir un restaurante "con mis propias recetas y platos".
La reforma ha permitido un "cambio brutal" en pocos meses
La reforma de la ley de extranjería aprobada en octubre del año pasado para que los menores y jóvenes migrantes pudieran acceder de una forma más sencilla a los permisos de residencia y trabajo se ha traducido "en un cambio brutal en pocos meses", asegura Ana Domínguez, coordinadora del programa de emancipación de la Fundación Federico Ozanam. De los 28 chicos (21 hombres y 7 mujeres) que atiende esta entidad, 18 ya cuentan con habilitación para trabajar durante dos años y otros dos están tramitándola.
Obtener un empleo es lo que garantiza finalizar adecuadamente su proceso personal e integrarse en la sociedad con todas las garantías. "Sin permiso de trabajo no hay inclusión que valga", sostiene Vanesa Mainar, responsable del plan de tránsito a la vida adulta de Fepas. Ahora cree que es necesario "limpiar la imagen" de estos chicos y chicas.
Las principales dificultades que se encontraban los jóvenes migrantes extutelados antes del nuevo decreto eran la imposibilidad de conseguir un contrato a tiempo completo durante un año para tramitar la autorización de empleo y renovarla un año después (ahora vale para dos) por los elevados requisitos económicos que debían cumplir.
