Aragón recibirá en torno a 20 millones de euros para atención a dependientes
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado que la distribución de estos créditos del “nivel acordado” se calcula en función de unos criterios de reparto que este año se han reordenado y modificado.
Aragón recibirá este año en torno a 20 millones de euros del Gobierno de España procedentes del denominado “nivel acordado” para financiar la atención a las personas dependientes, lo que supone más del doble de lo que recibió el año pasado (algo más de 9 millones de euros).
El Acuerdo marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2022 del nivel acordado previsto en la Ley de Dependencia ha sido uno de los puntos abordados hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En este Consejo Territorial ha participado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.
El Plan de Choque en materia de Dependencia, puesto en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en 2021, recogió un incremento del “nivel mínimo” de financiación que se paga a las Comunidades en función de las personas atendidas y su grado de dependencia y recuperó el denominado “nivel acordado” que se encontraba en suspenso desde 2012.
Broto ha explicado que la distribución de estos créditos del “nivel acordado” se calcula en función de unos criterios de reparto que este año se han reordenado y modificado.
La principal novedad, ha dicho, es la creación del “fondo de cumplimiento de objetivos” con el que se pretende valorar la gestión de las Comunidades en lo que se refiere a la reducción de las listas de espera, la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sistema y la mejora de la calidad del servicio. Precisamente este criterio es el que ha propiciado el incremento de la partida que recibirá Aragón.
A este criterio se suman el “fondo de gestión” (personas atendidas, agilidad administrativa e inversión autonómica) y el “fondo de estructura”, que se refiere a indicadores que ya existían y que están relacionados con las características de la población y del territorio considerando que son aspectos que influyen de manera decisiva en la demanda, en la organización de los servicios y en su coste (población potencialmente dependiente, superficie, dispersión territorial, insularidad y coste de los servicios).
Este acuerdo marco será remitido para su aprobación al Consejo de Ministros y, finalmente, deberá ser aprobado por el Consejo Territorial.
