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Aragón comunica a Justicia su rechazo a que en Tarazona, La Almunia y Ejea no se tramiten casos de violencia machista

El Ejecutivo autónomo advierte al Ministerio de Justicia de que la propuesta de suprimir la jurisdicción, que afecta a 108 municipios, va en contra de las víctimas.

​Visita de Manuel Bellido, presidente del TSJA, y Mayte Pérez, consejera de presidencia del Gobierno de Aragón al nuevo juzgado de Violencia contra la Mujer en Zaragoza.
Mayte Pérez, consejera de presidencia del Gobierno de Aragón, durante su visita al juzgado de Violencia contra la Mujer número 3 de Zaragoza que empezó a funcionar recientemente. 
Francisco Jiménez

El Gobierno de Aragón ya ha hecho llegar al Ministerio de Justicia su más absoluto rechazo a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que los juzgados de Ejea, Tarazona y La Almunia de Doña Godina dejen de instruir los asuntos de violencia de género y que las víctimas se trasladen obligatoriamente a Zaragoza para tramitar su caso. La medida afectaría a los 108 municipios que integran los partidos judiciales de esas tres localidades. 

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha anunciado este viernes en su comparecencia en las Cortes que ha enviado el informe (no vinculante) a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en que expone que, una vez analizados los pros y contras, la conclusión no puede ser otra más que resultaría perjudicial para los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables, como son las víctimas de violencia de género y sus familias que residen en el ámbito rural. La consejera ya había dejado clara su postura durante la inauguración del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 3 de Zaragoza el pasado 1 de abril. 

El informe, elaborado por la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, justifica el rechazo argumentando que la propuesta contraviene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo mayoritario recoge que se deben promover recursos en el ámbito local para «evitar la victimización secundaria» y lograr que las víctimas «confíen en las instituciones». Plantea también que se puede ampliar la jurisdicción «solo si repercute en una mejora cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta».

«Ninguna de estas dos indicaciones se cumple con la propuesta del CGPJ», afirma Júlvez. No solo eso, subraya que supondría una actuación «en sentido totalmente contrario de los principios de promoción de los servicios públicos locales y lucha contra la despoblación»

Para el Gobierno de Aragón, de llevarse a cabo la medida que se propone, las mujeres víctimas de violencia, así como sus familias «verían disminuida de una forma inaceptable» la calidad de la atención que se les presta, obligándolas a desplazarse en algunos casos más de dos horas de viaje para tramitar las diligencias.

El CGPJ considera «razonable a día de hoy» una distancia que ronda los 50 kilómetros y no exige un tiempo de desplazamiento superior a los 40 minutos» para que una víctima de violencia machista sea atendida en un juzgado especializado. 

Pero, para sacarle de dudas, en el escrito remitido al Ministerio la directora general ofrece algunos ejemplos de las distancias existentes entre municipios de los tres partidos judiciales afectados y la ciudad de Zaragoza. Cita, entre otros, el de Salvatierra de Esca (173,2 km que tardan en recorrerse 2 horas y 17 minutos), Sigües (168 km, 2 horas y 11 minutos), Mianos (171 kilómetros, 2 horas y 13 minutos) o las más pobladas de Ejea y Tarazona, a poco más de una hora de la capital aragonesa.

Mayte Pérez manifestó en las Cortes que aunque se pueda estimar que el número de asuntos de violencia machista que se tramitan anualmente en los juzgados de Ejea, Tarazona o La Almunia pueda ser pequeño si se compara con los de Zaragoza, esos datos deben ponerse en contexto con la realidad social en la que acontecen.

 «En un partido judicial como el de La Almunia, si en el año 2021 se instruyeron 84 causas de violencia, ello implica necesariamente que se vieron directamente afectadas por estos procesos judiciales 84 víctimas y sus 84 familias, lo que supone un importante impacto social en zonas con una densidad de población tan baja, tal como ocurren en Ejea de los Caballeros y en Tarazona», argumentó la consejera. 

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