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Acuerdo unánime para impedir el bloqueo de las obras públicas en Aragón

El pleno de las Cortes respalda la convalidación del decreto ley de la DGA que amplía la revisión de precios a la conservación de carreteras y edificios, autoriza el cambio de materiales y aumenta la lista sujeta a la compensación.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y la de Economía, Marta Gastón, antes de defender en las Cortes la convalidación del decreto de revisión de precios en la obra pública.
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y la de Economía, Marta Gastón, antes de defender en las Cortes la convalidación del decreto de revisión de precios en la obra pública.
José Miguel Marco

El pleno de las Cortes de Aragón ha respaldado por unanimidad el decreto ley de la DGA que pretende impedir el bloqueo de las obras públicas por el encarecimiento de los materiales, que afectaba a los dos nuevos hospitales turolenses y a la retahíla de colegios, centros de salud y carreteras planificadas y en construcción.

Sin fisuras, los partidos han convalidado este martes el texto que recoge una compensación de hasta el 20% en los contratos y que no solo amplía la lista de materiales sujetos a una revisión de precios, sino que incorpora los contratos de conservación de carreteras y de edificios públicos, así como los de servicios y suministros necesarios para la ejecución de los contratos de obra pública.

El decreto aragonés llega más lejos que la norma estatal, dado que autoriza igualmente el cambio de productos para abaratar los costes "siempre que se garantice la funcionalidad y seguridad" y suspende la imposición de penalizaciones a las adjudicatarias si se demuestra que los posibles retrasos están provocados por la demora en el suministro de materiales.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha defendido que la DGA ha actuado con la urgencia requerida para "paliar los efectos perniciosos que la concatenación de la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania están teniendo en el precio de los materiales", cuya consecuencia directa son las dificultades en la ejecución de los contratos.

Pérez Anadón ha destacado que otras autonomías han seguido los pasos de Aragón para ampliar los decretos estatales con el fin de salvaguardar obras públicas necesarias para la la mejora de la prestación de servicios. "Somos un Gobierno que, dentro de sus posibilidades, no escatimamos ni esfuerzos ni recursos para paliar las consecuencias de hechos imprevisibles. Al fin y al cabo, eso es gobernar", ha recalcado.

El PP ha pretendido tramitar el decreto como proyecto de ley ante la "preocupante" utilización de esta figura y con el fin de mejorar el texto e incluir en la normativa de contratación "aspectos sociales y medioambientales", así como medidas para la participación de las pymes en la contratación públicas y promover la innovación. No obstante, ha decaído al obtener solo el respaldo de los diputados de Ciudadanos y Vox.

El límite económico será el mismo que con el decreto estatal, al que remite el aragonés, de modo que los contratistas deberán certificar que el alza de costes supera el 5% y la compensación podrá llegar hasta un 20%. La relación de materiales se limitaba a los siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre y ahora el Ejecutivo autonómico la ha extendido al cemento, madera, productos plásticos y cerámicos, áridos, roca y vidrio. De este modo, se podrá atender también a las empresas que ejecutan carreteras y a las que están acometiendo edificaciones.

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