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Aragón blinda sus obras públicas del parón por el encarecimiento de los materiales
Amplía la revisión de precios a la conservación de carreteras y edificios, autoriza el cambio de materiales y la lista sujeta a compensación.
El Gobierno de Aragón ha cumplido su palabra y ha blindado sus obras públicas frente a la amenaza de un parón por el encarecimiento de los materiales, que afectaba a los dos nuevos hospitales turolenses y a la retahíla de colegios, centros de salud y carreteras planificadas y en construcción. El Consejo de Goibierno ha aprobado este miércoles el decreto por el que no solo amplía la lista de materiales sujetos a una revisión de precios, sino que incorpora los contratos de conservación de carreteras y de edificios públicos, así como los de servicios y suministros que son necesarios para la ejecución de la obra pública.
Además, autoriza el cambio de productos para abaratar los costes "siempre que se garantice la funcionalidad y seguridad" y suspende la imposición de penalizaciones a las adjudicatarias si se demuestra que los posibles retrasos en la ejecución de los contratos están provocados por la demora en el suministro de materiales.
La escalada de precios en los materiales, arrastrada desde principios del año pasado y que se ha agravado como consecuencia de la guerra de Ucrania, había puesto en jaque a las empresas contratistas, que desde el pasado otoño venían reclamando a la DGA que adoptara medidas. Y sus reclamaciones se han tenido en cuenta, dado que solicitaron apoyo porque, advirtieron, "casi en su totalidad" no podrían acogerse por cuantía, plazo o exclusión expresa en el contrato. En esta misma línea, el decreto será de aplicación a los ayuntamientos.
El límite económico será el mismo que con el decreto estatal, al que remite, de modo que los contratistas deberán certificar que el alza de costes supera el 5% y la compensación podrá llegar hasta un 20%. La relación de materiales se limitaba a los siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre y ahora la DGA la extiende al cemento, madera, productos plásticos y cerámicos, áridos, roca y vidrio.
El Gobierno central decidió el pasado 29 de marzo ampliar la cobertura temporal, hasta entonces limitada a obras en curso en 2021, que beneficiará de la misma forma a los contratos autonómicos y municipales con el decreto de la Consejería de Hacienda. En concreto, se podrán acoger los contratos en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor de la norma "o cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor" del decreto.
A juicio de la DGA, el impacto será "claramente positivo", ya que considera que conllevará una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución, "contribuyendo todo ello a afianzar la recuperación económica en un momento especialmente importante".
El decreto también faculta al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, a adoptar medidas extraordinarias de carácter presupuestario. No es baladí, ya que la estimación del impacto de los cinco departamentos con inversiones -Sanidad, Educación, Vertebración del Territorio, Ciencia y Agricultura- podría alcanzar los cien millones de euros. "Esto supone que se buscará una solución conjunta, sin tener que recortar cada departamento, y el sobrecoste se podría cubrir en parte con las inejecuciones que hay todos los años", indican varios altos cargos del Gobierno consultados.
